La Generalitat pacta con los comunes habilitar 14 solares para la construcción de 1.200 viviendas protegidas

El Govern de Cataluña ha anunciado la cesión de 14 solares para la construcción de 1.200 viviendas protegidas en 11 municipios, en un esfuerzo por ampliar el parque público de vivienda en la comunidad. Así lo confirmó el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la sesión de control al Parlament, en respuesta a una pregunta de la líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach.

El proyecto forma parte del plan del Ejecutivo catalán para edificar hasta 50.000 viviendas antes de 2030, con una inversión prevista de 4.400 millones de euros durante la legislatura. Los terrenos destinados a la construcción de estos nuevos pisos están ubicados en Barcelona, Esplugues de Llobregat, Terrassa, Sant Vicenç de Castellet, Tarragona, Prades, Xerta, Girona, Figueres y Llançà. Para materializar la iniciativa, el Departament d'Economia deberá abrir licitaciones con el objetivo de adjudicar los derechos de superficie.

Uno de los aspectos clave del anuncio es que las viviendas protegidas no perderán su calificación con el paso del tiempo, evitando su futura entrada en el mercado libre. Albiach destacó la importancia de esta medida en un contexto de crisis habitacional y reclamó que la protección de la vivienda se extienda también a los pisos ya existentes, advirtiendo que actualmente hay 36.000 viviendas protegidas en riesgo de perder su calificación, 8.000 de ellas este mismo año.

El anuncio de Illa estaba pactado con En Comú Podem, que ha reivindicado la necesidad de que los recursos derivados de la condonación de la deuda del FLA se destinen a vivienda pública. Por su parte, el presidente catalán defendió la necesidad de una política de vivienda de largo recorrido y pidió consenso en el Parlament para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio.

El Govern ha asegurado que en casi cada reunión del Consell Executiu se aprueban medidas relacionadas con la vivienda. En esta línea, recientemente se ha aprobado un decreto con medidas urbanísticas destinadas a agilizar la construcción de nuevas viviendas, proteger aquellas financiadas con dinero público y poner en marcha un registro de grandes tenedores para conocer la disponibilidad de inmuebles vacíos y su posible movilización en caso de necesidad.

Illa reconoció que la construcción de 1.200 viviendas no es suficiente, pero la calificó como un paso adelante dentro de una estrategia más amplia para responder a la emergencia habitacional en Cataluña. "Seguiremos caminando por este camino, el objetivo de 50.000 viviendas protegidas para 2030 es ambicioso, pero yo tengo confianza en que avanzaremos", concluyó el presidente de la Generalitat.