Junts y ERC, en jaque por el caso Borràs en plena campaña

La decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de dar diez días de plazo al Parlament para iniciar la retirada del acta de diputada a Laura Borràs ha dilatado sensiblemente los plazos y ha puesto en el foco a un independentismo más roto que nunca. Todo a un mes de la campaña para las municipales, una cuenta atrás que empieza esta semana con la vista puesta en la Mesa que ahora preside ERC.

El órgano rector de la Cámara deberá decidir en su reunión ordinaria del martes –Alba Vergés ha rechazado convocar una extraordinaria– si presenta o no alegaciones ante el requerimiento de la JEC. Y aquí ERC será decisiva ante los votos del PSC (dos representantes), Junts (uno) y la CUP (uno). El debate será si el Parlament presenta alegaciones y dice que no puede proceder a retirar el acta sin sentencia firme, como ya se posicionó la Mesa con el caso del diputado antisistema Pau Juvillà, condenado por desobediencia. Eso sí, la JEC recuerda en su escrito que la Ley Electoral fija como causa de inelegibilidad sobrevenida la existencia de una sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública. E insta a la Cámara catalana a retirar las credenciales a la posconvergente y otorgarlas al siguiente de la lista, Antoni Castellà.

Por tanto, el Parlament abordará por primera vez cómo responder a la JEC mañana, justo antes de que arranque el pleno del mes de abril en el que no se espera ningún texto conjunto del independentismo en apoyo a Borràs. De hecho, el caso ha evidenciado la fractura de los partidos, con ERC y la CUP en contra de la dirigente posconvergente y muy críticos con la estrategia de Junts de enmarcarlo dentro del «procés» pese a tratarse de una sentencia por prevaricación y falsedad documental acreditada entre 2013 y 2018.

El plazo que tiene la Cámara que ahora preside ERC en funciones es de 10 días, hasta el 28 de abril contanto a partir de hoy. La JEC subraya que ante una eventual «inactividad o cualquier otra razón» puede actuar la Administración electoral «en aplicación directa» de la ley y resolver el caso. Es decir, la Junta Electoral actuará de oficio y retirará el escaño a Borràs si el Parlament no lo hace dentro del periodo establecido.

Por tanto, el caso estallará en plena campaña –empieza el 12 de mayo–, con los partidos a la greña y la presidencia del Parlament camino de convertirse en el nuevo botín de las municipales. A este endiablado calendario hay que añadirle el pleno del mes de mayo, previsto entre el 2 y el 4 y en el que los partidos abordarán la propuesta del PSC para apear a Borràs del Parlament sin esperar a la JEC, siempre que el organismo no haya actuado de oficio ya. ERC estará de nuevo en el punto de mira.

Sea como fuere, lo cierto es que el debate sobre quién debe ocupar el relevo de Borràs irrumpirá en plena campaña y todo apunta a que culminará coincidiendo con los pactos poselectorales.

Para elegir al próximo presidente o presidenta del Parlament, la Mesa debe convocar un pleno para votar a los candidatos que se presenten y resultará escogido el que tenga más apoyos. Y aquí se abre un escenario inaudito, con ERC y Junts en plena batalla electoral y enfrentados por la gestión del caso Borràs.

Los republicanos ya han afeado a los posconvergentes que Borràs se haya atrincherado y no haya dado un paso al lado, mientras que el sector más afín a la presidenta de Junts ha lanzado fuertes críticas hacia ERC. Esquerra sigue manteniendo que si Junts propone un candidato alternativo lo apoyará, pero la entente entre ambos partidos parece difícil. Ayer, por ejemplo, el posconvergente Jordi Puigneró, aseguró que Aragonès no volverá a ser president con Junts. Una muestra más de la guerra que se avecina.