Junts exigirá un mínimo de 10 años de empadronamiento para poder acceder a vivienda de protección oficial

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha instado este lunes al PSC a alinearse en las votaciones del Debate de Política General (DPG) del Parlament de esta semana con el espíritu del acuerdo de Bruselas en cuestiones como el reconocimiento del conflicto político, la amnistía y concierto económico.

"Lo que pedimos al PSC es que se moje en esta votaciones para romper este doble discurso al que nos tiene acostumbrados últimamente. Nosotros tenemos unos pactos, fruto del acuerdo de Bruselas en Suiza, que después aquí vemos como hay votaciones que lo contradicen", ha expuesto en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Al preguntársele al respecto, no ha querido desvelar el redactado de las propuestas de resolución sobre estas cuestiones, tampoco la relativa al concierto económico, pese a dejar claro que es el concepto que siempre han defendido en materia de financiación.

Para Sales, el DPG debe servir para saber "si el PSC se alinea o se desmarca definitivamente del acuerdo de Bruselas porque no se puede admitir que el PSC juegue a dos bandas".

"O comparte y actúa en consecuencia sobre decisiones que pactamos con el PSOE en Suiza o sigue al lado de PP y Vox, como han hecho en más de 80 ocasiones este primer año de legislatura. No se puede construir en Suiza y destruir después en Catalunya", ha manifestado.

Tras advertir de que no aceptarán "maniobras para ganar tiempo o para hacer equilibrios imposibles", ha exigido a los socialistas catalanes que sean claros.

Una vez termine el DPG, Sales ha explicado que harán una valoración al respecto de lo que corra, dejando claro que tomarán las decisiones que toquen si el PSC sigue obstaculizando el acuerdo de Bruselas.

Otras propuestas

Tras acusar al Govern de Salvador Illa de ser sinónimo de "mala gestión, de incumplimientos, de supeditación a Pedro Sánchez y de desnacionalización", ha detallado otras propuestas de resolución que presentarán sobre vivienda, salud, educación, catalán y en materia económica y fiscal.

En vivienda, plantearán que se restablezca el requisito de tener un mínimo de 10 años de empadronamiento en un municipio, de forma continua o discontinua, para poder acceder a una vivienda de protección oficial: "Este requisito ya era vigente hace unos años atrás, y pensamos que ahora en el contexto actual es necesario recuperarlo".

También ven en necesario reforzar la financiación del sistema educativo ante los "nefastos resultados del todo el conjunto", y garantizar la equidad de acceso a los jóvenes catalanes que quieran estudiar medicina con la eliminación del Distrito Universitario Único español o, como mínimo, la reserva del 80% de las plazas para estudiantes de institutos catalanes.

En el apartado lingüístico, reclaman que los profesionales sanitarios catalanes deban acreditar un certificado B2 un año después de empezar a trabajar y un C1 en el plazo de dos años, y piden también que se celebre un debate específico en el Parlament para abordar "soluciones" a la situación del catalán y la creación de la Oficina de Protección de los Derechos Lingüísticos antes de terminar este año.

Sobre fiscalidad, insistirán en reclamar la rebaja del IRPF y la supresión del impuesto de Sucesiones, y también presentarán una propuesta de resolución que pide suspender cualquier validación definitiva de los efectos de la OPA del BBVA y establecer que la operación hostil "sólo pueda prosperar si cuenta con el apoyo, como mínimo, del 50% del capital social del Banco Sabadell".