unio iba a ser un mes intenso para el president Salvador Illa. Pero pocos preveían que lo sería tanto. En apenas cuatro semanas, el líder del PSC ha tenido que afrontar y desbloquear las tres carpetas clave de esta legislatura, algunas de ellas selladas en los acuerdos de investidura con ERC: el traspaso de Rodalies mediante la creación de una empresa conjunta con el Estado, el anuncio de una controvertida ampliación del aeropuerto del Prat, y, finalmente, la presentación del modelo de financiación singular, o cupo, para Cataluña.

A todo ello se suma el tercer suplemento de crédito pactado con los republicanos para sortear la falta de Presupuestos y no paralizar la administración. Y como telón de fondo, la tormenta interna del PSOE por un nuevo caso de corrupción, que ha obligado a Illa a blindarse políticamente y seguir avanzando con su hoja de ruta sin alterar su agenda.

Aeropuerto: patata caliente

El mes empezó con un viaje internacional. El president regresaba de Corea y Japón, su primera salida oficial fuera de Europa, cuando aterrizó directamente en un terreno mucho más volcánico: la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez y con la polémica de los pinganillos de fondo. En ese contexto, el Ejecutivo catalán presentó la propuesta para la ampliación del aeropuerto de El Prat. La reforma, apoyada por Aena, pretende convertir la infraestructura en un gran hub internacional, pero no ha dejado indiferente a nadie. Es una medida que levanta recelos entre los comunes, socios necesarios en otras votaciones, así como en sectores ecologistas y en parte del independentismo. Pese a ello, Illa decidió afrontar el debate y reabrir la carpeta como señal de que no piensa dejar temas espinosos para más adelante. En sus propias palabras, se trata de un proyecto que Cataluña «no puede posponer más». De hecho, fue una de las carpetas que dinamitaron la legislatura anterior, de Pere Aragonès.

La operación también tiene lectura política: sirve como guiño a los entornos empresariales y económicos, que ven con buenos ojos el liderazgo de Illa si se traduce en estabilidad y obra de gobierno. Pero tensiona la cuerda con otras fuerzas parlamentarias, especialmente si se tiene en cuenta que el president gobierna en minoría clara, con apoyos muy medidos.

La Renfe catalana

En este contexto, el Govern pisó el acelerador en los compromisos sellados con ERC. El primero en tomar forma fue el más simbólico: el traspaso de Rodalies, uno de los caballos de batalla históricos del soberanismo. Generalitat y Estado pactaron la creación de una empresa mixta que dirigirá el servicio ferroviario, un paso que, aunque aún por concretar en aspectos técnicos y competencias, representa un punto de inflexión en las relaciones entre administraciones. Un hecho, además, que Illa ha presentado como cumplimiento tangible de los acuerdos de investidura, que no deja de ser una cesión más al independentismo.

Sin embargo, la cesión no será como esperaba el independentismo, al menos de momento. Junts critica a ERC que ya no exijan la independencia sino que, más bien, se dediquen a reivindicar autonomismo y cesiones de autogobierno alejadas de la solución unilateral que les gustaría. Por otro lado, además, si bien ERC pretendía que, aunque la empresa fuera mixta, la Generalitat de Cataluña tuviera mayoría, la realidad del pacto se concreta en que el Estado seguirá siendo más del 50% del accionariado, hecho que no gusta en las filas republicanas pero que aceptan porque, de otro modo, se quedarían fuera del tablero sin ninguna influencia en Illa.

El cupo: la joya de la corona

El tercer gran capítulo estaba previsto que se presentara antes del 30 de junio. Sin embargo, esta mañana se ha anunciado que la bilateral Estado-Generalitat tendrá lugar a mediados de julio. Se trata del elemento estrella del pacto con ERC. Hasta ahora, distintos portavoces del Govern han asegurado que las negociaciones avanzaban correctamente y que, más allá de la fecha prevista, cumplirían los compromisos adquiridos. Por su parte, desde ERC han ido repitiendo que las negociaciones estaban muy verdes y «estancadas».

La intención es ambiciosa: que Cataluña recaude y gestione sus impuestos, comenzando por el IRPF a partir del próximo ejercicio, y que pague después una cuota solidaria al Estado por servicios comunes. Pero cualquier avance requerirá reformas profundas y debates en el Congreso, especialmente sobre la ley de financiación autonómica.