El Parlament reprueba a otro consejero del Govern, el segundo en cinco meses

Nuevo varapalo al Govern de Pere Aragonès. El Parlament reprobó ayer al consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, por promocionar la construcción de una residencia para gente mayor en Santa Coloma de Gramenet si Gabriel Rufián (ERC) llega a la alcaldía tras las elecciones del próximo 28 de mayo.

Estas palabras generaron una fuerte polémica política que desembocó en la solicitud de comparecencia de Campuzano por parte de todos los grupos para que diese explicaciones, además de las dos reprobaciones de PSC y Junts que ayer salieron adelante en el pleno. De hecho, solo los votos de ERC apoyaron al consejero de Derechos Sociales, mientras que el resto de partidos de la Cámara –incluidos los Comunes– rechazaron su gestión con una abrumadora mayoría. Una dura imagen para los republicanos, que vuelven a quedarse en minoría en una votación referente al día a día del Ejecutivo de la Generalitat.

En concreto, el Parlament recriminó la «vinculación de la creación de una segunda residencia pública a los resultados de una formación pública en las elecciones municipales» a través de la moción del PSC y que Campuzano –ex miembro de Convergència– anunciara en un acto de partido actuaciones de la Consejería, como pedía el texto de Junts. También que no haya dado explicaciones, como reclamaron ambos.

Otro punto de la moción del PSC, este aprobado por todos los grupos parlamentarios excepto Junts, que se abstuvo, insta al Govern a «llevar a cabo en dos meses las modificaciones de crédito necesarias en el presupuesto de 2023 que posibiliten la redacción del proyecto y la posterior construcción y gestión de una residencia pública en Santa Coloma de Gramenet».

La reprobación de Carles Campuzano originó un agrio debate entre los partidos, especialmente entre PSC, Junts y ERC. «Es un claro menosprecio a las instituciones de Cataluña, por el que no ha pedido perdón y por el que está obligado a comparecer», resumió el socialista Rubén Moreno, quien acusó al Govern de no tener como prioridad a las personas mayores, y advirtió de que al prometer la residencia Campuzano hizo un uso indebido de su cargo.

Especialmente duro fue el discurso de Junts, el partido que hasta hace medio año ocupaba la mitad de los cargos del Ejecutivo de la Generalitat. «Nunca un Govern había abusado tanto de sus poderes en clave electoralista», resumió su portavoz, Mònica Sales. «Es inaceptable para los vecinos del pueblo, que ven condicionada su libertad de voto, pero también es inaceptable para el resto de ciudadanos del país, que se ven perjudicados por promesas discrecionales sin ningún tipo de planificación», zanjó la portavoz de Junts.

Por su parte, el diputado del PP Daniel Serrano reprochó también al PSC no haber «priorizado en los Presupuestos la construcción de la residencia y esperar a que el conseller meta la pata para acordarse de la residencia».

Sea como fuere, lo cierto es que la reprobación de Campuzano se convierte en la segunda de un miembro del Govern. El primero fue el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, en el punto de mira por la oleada de cambios en la cúpula de los Mossos d’Esquadra y la destitución del comisario jefe Josep Maria Estela. Impulsada también por el PSC, salió adelante a finales de noviembre con el apoyo de Cs, PP y Vox y la abstención de posconvergentes y Comunes.

Por simbólico que sea, el de ayer supone otro revés contra el Govern de Pere Aragonès, en el punto de mira por la gestión de la sequía y su incapacidad para pactar un decreto de medidas excepcionales con la oposición pese a convocar una cumbre extraordinaria para ello. De hecho, Junts ya ha amenazado con presentar una proposición de ley, una maniobra que el PSC podría secundar a las puertas de la campaña.