El Parlament tramita revocar las pensiones de los expresidentes condenados por corrupción

Las pensiones y beneficios económicos de los expresidentes del Parlament y del Govern condenados por cualquier delito asociado a la corrupción serán revisados. Así lo decidió ayer el pleno de la Cámara al tramitar una reforma de los Comunes dirigida a retirar los beneficios económicos a cualquier dirigente con cuentas pendientes con la Justicia en este sentido. Una propuesta presentada a raíz del caso de Laura Borràs, condenada a 13 años de inhabilitación y cuatro y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental.

Esta reforma es una proposición de ley de los Comunes que salió adelante gracias a los votos del PSC, Vox, CUP, CS y PP y la abstención de ERC. De hecho, todos los partidos evitaron que prosperara la enmienda a la totalidad presentada por Junts, por lo que su trámite parlamentario puede continuar e incorporar cambios.

La iniciativa del partido morado establece que las asignaciones y pensiones de los expresidentes de la Generalitat y también del Parlament, y el resto de prerrogativas previstas para los exlíderes del Govern, se revoquen automáticamente en caso de condena firme por delitos de prevaricación, falsificación documental, tráfico de influencias, malversación o financiación ilegal, de partidos políticos, con ánimo de lucro y en beneficio propio o de terceros.

Asimismo, prevé que el procedimiento ya vigente que permite que el pleno revoque las prerrogativas de los expresidentes de la Generalitat en determinados casos se pueda aplicar también a las asignaciones y pensiones de los ex presidentes del Parlament.

«Es puro sentido común que una persona con condena firme por delitos que tienen ánimo de lucro, ya sea propio o a terceros, no pueda recibir una prestación con recursos públicos», defendió el diputado de los Comunes, David Cid.

De todos modos, la revocación inicia ahora su tramitación parlamentaria y se debatirá en ponencia, donde los grupos deberán presentar modificaciones y acordar un texto definitivo.

Sea como fuere, lo cierto es que la sesión de ayer en el Parlament confirmó dos novedades en el tablero catalán en pleno cambio de ciclo político: el partido posconvergente se quedó solo en defensa de su presidenta, Laura Borràs, evidenciando de nuevo la polémica que genera el caso de la presidenta; y ERC volvió a votar en contra de la reforma propuesta por el PSC distanciándose así de los socialistas antes del 23-J.

La propuesta del partido de Salvador Illa –derogar las pensiones vitalicias de ex presidentes del Parlament, las asignaciones que reciben sus familiares y otros beneficios económicos– fue rechazada porque el partido de Pere Aragonès apoyó la enmienda a la totalidad de Junts y la CUP se abstuvo. Cs, PP, Vox, PSC y Comunes habían votado a favor de su tramitación.

Las iniciativas de Ciudadanos, que también planteaban acabar con los beneficios económicos de exconsejeros de la Generalitat y del jefe de la oposición, fueron desestimadas con el voto de Junts, ERC y CUP, la abstención de PSC y Comunes y el voto favorable a la tramitación del PP, Cs y Vox.

Borràs todavía no ha solicitado ninguna prestación. De hacerlo y según la normativa actual, seguiría ingresando gran parte de su salario como indemnización durante cuatro años, lo que implica recibir anualmente unos 120.000 euros (el 80%) pese a su condena por corrupción.

Además, la dirigente posconvergente podría incluso optar a ingresar una pensión vitalicia del 60% del sueldo cumplidos los 65 años, lo que representaría unos 90.000 euros al año. Una suerte de jubilación dorada que la oposición busca frenar con la reforma de los Comunes.