Salvador Illa no tiene presupuestos. A pesar de prometerlos para el 1 de enero de 2025 y de presentarse como el garante de la estabilidad institucional, el president de la Generalitat ha tenido que recurrir nuevamente a la firma de un suplemento de crédito, el tercero y último, con los comunes para seguir tirando del carro y cerrar ya el paquete presupuestario. Para escenificar cierto consenso, este lunes, sindicatos y patronales rubricaron un acuerdo con el Govern para incorporar 4.000 millones de euros a las cuentas prorrogadas de 2023. Pero el parche parece no convencer.
La escena, celebrada en el Palau de la Generalitat, contó con la presencia del propio Illa y de sus consellers Alícia Romero y Miquel Sàmper. Por parte de los agentes sociales, asistieron el presidente de Pimec, Antoni Cañete; el de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; la secretaria general de CCOO, Belén López, y el secretario general de UGT, Camil Ros. Todos coincidieron en que el acuerdo es insuficiente, y en lanzar un mensaje claro: Cataluña necesita unos presupuestos completos y no más remiendos.
Críticas al “troceo” presupuestario
Antoni Cañete, líder de la patronal Pimec, fue tajante: “Un país sin Presupuesto no funciona”. Con estas palabras criticó la inacción del Govern, recordando que el año pasado fue “un fracaso” por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios. Cañete exigió que no se repita el escenario de prórrogas y reclamó mantener los 584 millones del Pacte Nacional per la Indústria como una condición irrenunciable para la competitividad del país.
Por su parte, Josep Sánchez Llibre (Foment) elogió el consenso entre agentes sociales como un elemento “positivo y necesario para el país”, pero también afeó al Govern sus propuestas fiscales en materia de vivienda, que, dijo, van “en detrimento de la libertad del mercado”. Llibre reclamó estabilidad económica y política, algo que, paradójicamente, se está viendo comprometido por la incapacidad del Ejecutivo para presentar y aprobar unas cuentas completas.
Desde los sindicatos, el malestar es similar. Belén López (CCOO) expresó que hubiese preferido “un acuerdo de presupuestos y no de suplementos de crédito” y lamentó que las medidas acordadas, pese a ser necesarias, se queden cortas sin un marco presupuestario sólido. “Valoramos positivamente las medidas acordadas, que son importantes, pero nos hubiera gustado que fueran más ambiciosas y en el marco de unos presupuestos”, subrayó. La dirigente sindical pidió iniciar ya las negociaciones para las cuentas de 2026.
Aún más explícito fue Camil Ros, secretario general de UGT, al denunciar que se está construyendo “un presupuesto a trozos”. Ros cuestionó que en toda la legislatura no se haya logrado un pacto presupuestario que permita un debate integral sobre fiscalidad, infraestructuras o prioridades sociales. “Creemos que es un momento en el que hay más ingresos económicos fruto de la fiscalidad y, por tanto, son más ingresos que deben revertir en políticas públicas, especialmente porque hay gente que lo necesita”, argumentó.
El Govern saca pecho
Pese a las críticas, el president Illa ha reivindicado el acuerdo con los agentes sociales como una muestra de “estabilidad, ambición y consenso”, y ha defendido que los gobiernos necesitan tiempo y estabilidad para aplicar sus políticas. En un intento por construir una imagen de gestor solvente, Illa ha querido transmitir que el consenso alcanzado demuestra voluntad de diálogo.
La consellera de Economía, Alícia Romero, ha reivindicado la "generosidad" de patronales y sindicatos, y ha defendido que el pacto da cobertura a los nuevos fondos para empleo y formación. Romero también ha reivindicado que se trata de un acuerdo muy completo y que la "voluntad del Govern es dialogar y acordar lo máximo posible", siempre de la mano de los agentes sociales y económicos. A su juicio, los suplementos de crédito pactados con ERC y los Comuns permiten "proteger los servicios públicos, pero también continuar generando" prosperidad compartida.