La última del independentismo: se desangra en las encuestas pero se centra en eliminar una ley...¡del siglo XVIII!

El independentismo está en una tendencia a la baja desde hace años. Tal y como ilustró el CEO de esta semana, el porcentaje de catalanes independentistases el más bajo desde hace años, solo un 39%, mientras que aquellos catalanes que apoyan ser un estado propio separado de España desciende todavía más, al 31%. Por su parte, los partidos separatistas (Junts, ERC, Aliança y la CUP), que en 2017 llegaron a tener 77 diputados (sin Aliança, que no existía), hoy en día lograrían únicamente 67 como máximo, y 63 como mínimo. Además, tanto Junts como ERC, los partidos hegemónicos del procés, están atravesando crisis internas, con las estrategias de sus líderes cuestionadas, y con Aliança Catalana poniéndoles contra las cuerdas.

Ante este panorama, se les ha ocurrido atacar una ley...¡del siglo XVIII! Los grupos de Junts, ERC, los Comuns y la CUP han registrado este miércoles en el Parlament una proposición de ley dirigida a la Mesa del Congreso de los Diputados para derogar los Decretos de Nueva Planta promulgados por Felipe V entre 1707 y 1716.

Los grupos han presentado el escrito en una rueda de prensa en el Parlament junto a la Associació de Juristes Valencians, que hace meses que trabaja por la derogación de la norma que supuso la supresión de las constituciones, instituciones y sistemas jurídicos propios de los antiguos reinos de la Corona de Aragón: Aragón, València, Mallorca y el Principat de Catalunya.

La proposición de ley firmada por los cuatro grupos piden la derogación explícita y efectiva de los decretos "en un ejercicio de reparación histórica y de justicia institucional".

Régimen absolutista de Felipe V

"Estos decretos instauraron un régimen uniformizador de carácter absolutista y centralizador, sustituyendo las instuciones propias, incluyendo el derecho, por un modelo administrativo castellanizado, alineado con los intereses de la nueva dinastía borbónica", exponen en el escrito.

Asimismo, sostienen que los decretos "comportaron no solo la pérdida de derechos colectivos y libertades nacionales, sino también una negación simbólica y material de la identidad política y cultural de los territorios afectados".

Lamentan que, a pesar de que la Constitución española de 1978 reconoció "el carácter histórico de algunas nacionalidades y permitió el desarrollo de un cierto autogobierno", su disposición derogatoria segunda solo contempló la derogación de la abolición del régimen foral del País Vasco y Navarra, sin hacer referencia a los Decretos de Nueva Planta.

Por todo ello, reclaman al Estado derogar los decretos de 1707, 1715 y 1716 y promover "una declaración institucional de carácter conmemorativo como acto simbólico de restitución de la memoria histórica y jurídica".