El independentismo catalán atraviesa uno de sus momentos más débiles en más de una década. Las cifras lo confirman: según el último barómetro del CEO, solo un 39% de los catalanes se declara independentista, —el porcentaje más bajo en años—, y aún menos, un 31%, apuesta por un Estado propio al margen de España. El contraste con los tiempos del procés es evidente: aquellos años en los que las calles hervían y la épica se construía casi sola parecen hoy un recuerdo desteñido.

La tendencia también se refleja en la política institucional. En 2017, los partidos separatistas —Junts, ERC y la CUP, sin Aliança Catalana, que aún no existía— sumaron 77 diputados. Hoy, según las encuestas, ese bloque apenas lograría entre 63 y 67 escaños. Y no solo han perdido músculo: están sumidos en crisis internas, con liderazgos discutidos, estrategias contradictorias y una Aliança Catalana que complica el panorama político catalán. Con las encuestas en contra, las tensiones internas al alza y un electorado cada vez más desmovilizado, el independentismo buscaba un golpe de efecto. Y lo ha encontrado. En algún archivo del siglo XVIII, concretamente.

Los Decretos de Nueva Planta: derogar una ley de 1707

Este miércoles, Junts, ERC, los Comuns y la CUP han anunciado una nueva batalla política: pedir al Congreso la derogación de los Decretos de Nueva Planta, promulgados por Felipe V entre 1707 y 1716. Felipe V fue el primer monarca de la dinastía borbónica en España, llegado al trono tras la Guerra de Sucesión Española (1701-1714), un conflicto internacional y civil que enfrentó a las potencias europeas y a los territorios de la Monarquía Hispánica por la herencia de Carlos II, el último rey español de la dinastía de los Austria. La victoria borbónica supuso la implantación de un modelo más centralizado inspirado en Francia, en detrimento del sistema compuesto y pactista que había caracterizado a la Monarquía de los Austrias.

En Cataluña, especialmente desde el auge del procés, aquel conflicto del siglo XVIII ha sido reinterpretado políticamente como una confrontación entre “España” y “Cataluña”, y la caída de Barcelona en 1714 se ha utilizado como símbolo identitario y fundacional para reforzar un relato nacional propio. La figura de Felipe V y las consecuencias de la guerra han sido instrumentalizadas en clave política para enlazar el pasado con las reivindicaciones contemporáneas del independentismo.

Con esa carga simbólica como telón de fondo, los cuatro grupos presentaron la iniciativa en el Parlament junto a la Associació de Juristes Valencians, que desde hace meses impulsa esta propuesta como forma de reparar la supresión de las constituciones e instituciones propias de los antiguos territorios de la Corona de Aragón: Aragón, València, Mallorca y Cataluña.

El texto registrado reclama la derogación explícita y efectiva de los decretos, que —dicen— instauraron un régimen absolutista, uniformizador y centralizador, sustituyendo los sistemas jurídicos e instituciones propias por estructuras castellanizadas al servicio de la nueva dinastía borbónica. Sostienen que la Nueva Planta significó la pérdida de derechos colectivos, libertades nacionales y una negación simbólica y material de la identidad política y cultural de esos territorios.

Lamentan que, a pesar de que la Constitución española de 1978 reconoció "el carácter histórico de algunas nacionalidades y permitió el desarrollo de un cierto autogobierno", su disposición derogatoria segunda solo contempló la derogación de la abolición del régimen foral del País Vasco y Navarra, sin hacer referencia a los Decretos de Nueva Planta.

Por todo ello, reclaman al Estado derogar los decretos de 1707, 1715 y 1716 y promover "una declaración institucional de carácter conmemorativo como acto simbólico de restitución de la memoria histórica y jurídica".