Ribó insiste en negar que su cuñado haya cobrado trabajos de la EMT

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, insiste en mantener que su cuñado Daniel Pérez «nunca ha estado contratado por la EMT ni es socio de la empresa» en la que trabaja el secretario asesor de la empresa municipal ni ha facturado a la misma ningún servicio, ni directa ni indirectamente.

Así lo mantuvo en el pleno municipal durante el debate de una moción sobre la EMT de Ciudadanos, cuyo portavoz, Fernando Giner, anunció antes de la sesión que denunciarán ante la justicia el «presunto tráfico de influencias» de Ribó para «contratar al despacho de abogados de su cuñado para llevar asuntos legales de la EMT».

«Daniel Pérez nunca ha hecho ningún servicio ni ha cobrado directa ni indirectamente de la EMT», sentenció Ribó. No obstante, admitió que «forma parte del grupo Abastos Abogados, pero la facturación de la EMT ha sido siempre por SMT Asesores -empresa del secretario y de la que supuestamente Abastos tiene el 32 por ciento-, pero nunca por Abastos».

Horas más tarde, el concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Carlos Mundina desmentía al primer edil al recordar que el presidente y socio de Abastos Abogados es el cuñado del alcalde y este despacho cuenta con el 32 por ciento de SMT, la empresa contratada por la EMT. Es más, subrayó que ambas sociedades comparten el mismo domicilio social (el actual y el anterior) e idéntica persona apoderada.

Además, añadió que el abogado Joaquin Alcoy, que también ha facturado a la EMT, no es socio de SMT sino de Abastos Asesores, de cuya sociedad es presidente Daniel Pérez.

El gerente vio la cuenta

Por otra parte, la investigación judicial del fraude de cuatro millones de euros en la EMT sigue su curso. El gestor de banca institucional de Caixabank, J. M. G. R, compareció ayer como testigo ante el juez y declaró que el gerente de la empresa municipal, Josep Enric García, entró en la cuenta electrónica de la empresa en los mismos días en que se estaban produciendo los pagos fraudulentos.

El testigo declaró, según fuentes cercanas al caso, que durante el período en el que se estaba produciendo la estafa, la jefa de Gestión, María Rayón, y el gerente de la EMT, Josep Enric García, entraron en la cuenta de banca electrónica de la empresa, porque tuvieron que firmar otros pagos diferentes a los que se estaban produciendo como consecuencia de la estafa investigada.

Esas entradas en la cuenta deberían haberles permitido la oportunidad de controlar lo que estaba pasando, según interpretan las fuentes del caso consultadas.

Por otro lado, J.M.G.R. declaró también que las órdenes de pago por correo electrónico o por carta, como las que se produjeron en este caso, ya habían sido usadas con anterioridad en esta cuenta de la empresa municipal y, por tanto, no eran un procedimiento excepcional.

Esta afirmación contradice lo declarado por la citada María Rayón, quien aseguró ante el juez el pasado día 12 de noviembre que la forma de pago a proveedores nunca se hacía mediante una firma manual y mucho menos con un pdf y, que en el caso del fraude, se saltaron los procesos administrativos y financieros.