Echávarri (PSPV) echó a la funcionaria por miedo a otra denuncia tras el caso Comercio

El exalcalde de Alicante por el PSOE Gabriel Echávarri ha declarado hoy en el juicio por el despido de una trabajadora municipal, cuñada del actual alcalde, Luis Barcala (PP), que ordenó ese cese “por miedo” a que le “pusieran otra denuncia”, después de que se registrase la relativa al ‘caso Comercio’ o supuesto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de esta área."Cogí miedo a que me llegase otra denuncia por no despedir a las personas que trabajaban en el ayuntamiento de forma irregular, por lo que me decían los sindicatos y por la advertencia del Síndic de Greuges, en la que me conminaban a solucionar esa situación", ha dicho Echávarri. Y ha añadido que, al final, esa denuncia acabó presentándose, en alusión a la presentada por dos conocidos activistas vecinales ante la Fiscalía, después de que se acordase el despido de la cuñada de Barcala, para que se dilucidase si era motivo de delito la continuidad de varios trabajadores municipales en sus puestos, o si lo podía ser también el despido selectivo de solo uno de ellos.

Echávarri se enfrenta a una posible condena de diez años de inhabilitación para cargo público por un presunto delito de prevaricación a petición de la Fiscalía. Su defensa, por su parte, solicita su absolución al considerar que la decisión del despido de la cuñada de Barcala fue ajustada a derecho y que, en consecuencia, no hubo delito. Se da la circunstancia de que el exalcalde ya ha sido juzgado y condenado en relación a la causa del ‘caso Comercio’ a una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación, junto a dos de sus exasesores, Pedro de Gea y Eduardo Díez.

A preguntas de la Fiscalía, Echávarri ha insistido en que la decisión del cese de la cuñada de Barcala “fue legal”, puesto que así se lo confirmaron los técnicos municipales de Recursos Humanos que tramitaron el decreto, en la medida en que se trataba de una trabajadora interina contratada sin cargo a plaza para el desempeño de unas funciones concretas que ya no estaba desempeñando. En esta línea, ha negado que hubiese actuado “por venganza” y ha dicho que no era cierto que “la condición de cuñada de Barcala fuese la que determinó” la decisión de su despido. Así, ha explicado que “los sindicatos me habían dicho que tenía que actuar frente a la situación irregular en la que se encontraban muchos trabajadores interinos”, de modo que, en diciembre de 2016, solicitó una lista sobre las personas que se encontraban en esa situación. Ha reconocido que se equivocó en el momento de tomar la decisión, tan solo unos días después de que Barcala presentase en Fiscalía la denuncia por los contratos de Comercio. “Me confundí porque se vinculó el despido con una venganza y al final ella sigue trabajando” en el Ayuntamiento, ha expuesto. Se da la circunstancia de que la cuñada de Barcala, Catalina Rodríguez, fue readmitida después de que el pleno del Ayuntamiento aprobase una declaración institucional (rechazada por el PSOE), en la que se emplazaba a dejar sin efecto el cese de la trabajadora y a revisar la situación laboral del conjunto de los trabajadores. Cuestionado por la aparente contradicción de esa readmisión, según el fiscal, Echávarri ha señalado que acató “el mandato político del pleno”, pese a que ha insistido en que la decisión del despido fue legal.

Respecto a por qué acordó el despido en concreto de esta trabajadora, el exregidor ha manifestado que “fue el nombre que todo el mundo” le “decía como la situación más flagrante”. “Por alguien tenía que comenzar”, ha recalcado.

Por lo que respecta a las declaraciones de los testigos, el exconcejal de Recursos Humanos en el momento de los hechos, el socialista Carlos Giménez, ha explicado que él se encontraba de viaje fuera de Alicante cuando recibió una llamada de Echávarri en la que le dijo que había que despedir a la cuñada de Barcala. Así, aseguró que no tuvo ninguna participación posterior en el procedimiento, salvo la firma del decreto de cese, que se produjo “porque los técnicos habían confirmado que existía causa legal para que se acordase”.

Mientras , el jefe de Organización y Gestión de Recursos Humanos ha explicado que Echávarri le llamó a su despacho para darle instrucciones de que había que despedir a Catalina Rodríguez, lo que le pareció “extraño” por la “vehemencia” y la “urgencia” de la orden. Además, ha apuntado que el exalcalde no le concretó sobre las causas que podían motivar esa decisión. Según su versión, fue él y sus compañeros de la Concejalía quienes comprobaron la relación laboral que la cuñada de Barcala mantenía con el ayuntamiento “sin saber quién era” y comprobaron que existía causa de despido. “Era un supuesto de libro”, ha apuntado.

En parecidos términos se ha pronunciado la jefa de Selección y Documentación, quien ha señalado que se confirmó que Catalina Rodríguez ya no estaba trabajando en el mismo servicio para el que había sido contratada, puesto que no estaba desempeñando funciones como técnico de museos con motivo de la puesta en marcha del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (Maca) y del complejo de Las Cigarreras, sino que estaba trabajando en la Lonja del Pescado. Por último, la letrada municipal también ha manifestado que existía causa legal para acordar el cese de la trabajadora y que, según su criterio, no podía acordarse su traslado a otras funciones que no estuviesen relacionadas con el mismo proyecto o programa que motivaron su contratación. El juicio continúa mañana, jueves, con las comparecencias de nuevos testigos.