El juzgado pide a la Guardia Civil que investigue al hermano de Ximo Puig

El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha oficiado un escrito a la Guardia Civil, concretamente al equipo de Delitos Económicos de la Policía Judicial, para que participe y auxilie a la Fiscalía Anticorrupción en la investigación que está llevando a cabo sobre las empresas del hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

De este modo, el juzgado accede a la petición en este sentido que realizó la fiscal el pasado 13 de enero.

La causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número cuatro investiga principalmente a la empresa Comunicació dels Ports, propiedad del hermano del presidente Puig, que presuntamente presentó la misma documentación para recibir las ayudas a la utilización del valenciano y del catalán en Cataluña y en la Comunitat Valenciana, a pesar de que en ambas administraciones aseguraba que no tenía ninguna otra subvención por el mismo concepto, según consta en la documentación presentada ante la Dirección general de Política Lingüística y en el departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya.

Como ya publicó LA RAZÓN, durante los años 2016, 2017 y 2018, Francisco Puig Ferrer, como consejero delegado de Comunicació dels Ports, S.A, con domicilio en La Sénia (Tarragona) solicitó la subvención destinada a televisiones de titularidad privada que concedía la administración catalana por utilizar el catalán o aranés.

Por el mismo concepto, esta vez, por el uso del valenciano en su medio, recibió también las correspondientes a la Generalitat Valenciana. En esta ocasión la dirección de la empresa cambia y se establece en Morella.

La duplicidad de los gastos para desarrollar su actividad no solo corresponden a las nóminas de sus empleados (todos trabajan en valenciano y en catalán), sino también a otro tipo de pagos realizados por la empresa, como suministros, material o compras. Es decir, la misma documentación se presentaba en las dos comunidades para recibir sendas ayudas por los mismos trabajos realizados por las mismas personas, incluido el propio director gerente, Francisco Puig.

Redactores, técnicos de comunicación o producción y realizadores que, según la documentación, tenían un sueldo y un contrato, y por los que la empresa recibía cantidades diferentes correspondientes a dos ayudas. Además, en estos contratos, los trabajadores empleaban la jornada completa, lo que hace que no pudieran trabajar en dos empresas a la vez y durante las mismas horas.

La estrategía fue utilizada por la empresa durante tres años consecutivos sin que ni en Cataluña ni en Valencia se detectara esta duplicidad que, en principio, se considera irregular.