Bravo exige la creación de cuarenta nuevos juzgados

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha anunciado esta mañana que va a exigir al Gobierno de la nación la creación de cuarenta nuevos juzgados “que acaben con el déficit histórico que padecemos”. Ha explicado que más de un millón de personas pasa cada año por los juzgados valencianos, por lo que además de la exigencia al gobierno de Sánchez, ha anunciado la ejecución de un plan de infraestructuras judiciales dotado con 200 millones de euros, así como la puesta en marcha, tantas veces invocada, del expediente electrónico judicial.

Durante su participación en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, Bravo se ha declarado abolicionista respecto a la prostitución, “no estoy por regular, estoy por abolir”. En su opinión, la lucha contra la esclavitud sexual es un compromiso que debe concernir a todos. “Necesitamos reformas legales. Ocho de cada diez mujeres que ejercen la prostitución lo hacen obligadas”. Considera que hay que ser “mucho más estrictos en el control de los lugares de alterne que rodean las ciudades y sirven de acomodo para los traficantes y de refugio de todas esas mujeres. Habría que controlar más qué se ejerce y a qué actividades se dedican”. Y ha concluido que “yo me confieso abolicionista. Quiero acabar, no regular”.

La consellera se ha referido también a las víctimas de las violencia de género, y se ha comprometido a incrementar el número de oficinas de atención de las víctimas, de las 26 actuales a las 37. Respecto al “terrorismo machista” Bravo ha dicho que “ya son seis las mujeres asesinadas en 2020, ninguna había presentado denuncia”. Y ha destacado la importancia de la oficina de denuncias de violencia de género de la Ciudad de la Justicia. “Es la primera de España, con un promedio de dos mujeres atendidas al día y que en un porcentaje altísimo terminan denunciando”. Bravo ha explicado que “si no educamos a nuestros jóvenes en valores de igualdad y de combate contra la discriminación, esta realidad no cambiará".

Asumidas recientemente las competencias en el ámbito de las emergencias, Bravo ha dicho que “la crisis climática está ahí. Gloria ha dejado cinco victimas y un reguero de destrucción. Lo peor es que lo sabíamos. Debemos prepararnos más y mejor porque sufriremos episodios similares o de mayor virulencia”. En opinión de la nueva responsable “el cambio climático debe ser sustituido ya por emergencia climática porque llevamos años desoyendo los mensajes del mundo científico”.

Bravo se ha extendido en este aspecto ha ha explicado que la Dana y Gloria “han provocado estragos tremendos. Pero podría haber sido peor” y ha destacado que se cumplieron los protocolos de emergencias y que “tenemos grandes profesionales con los medios adecuados”.

Ha anunciado que “vamos a mejorar nuestro modelo de respuesta a las emergencias medioambientales. Pronto pondremos en marcha una comisión de expertos de emergencias de protección civil. Pero que nadie espere fórmulas mágicas. El problema es global. Hay que minimizar riesgos y rescatar a las personas salvaguardando los bienes”.

En cuanto a la función pública, ha señalado que remitirá a Les Corts la nueva ley de la función pública valenciana y ha calificado de necesaria la renovación tecnológica de la administración valenciana, por lo que ha anunciado la creación del instituto tecnológico y de una futura oficina de simplificación administrativa que reducirá duración de trámites un 50 por ciento.

Fiscal general: serlo y parecerlo

La consellera, sorprendentemente, lanzó un mensaje a su compañera, la actual fiscal general del Estado y antes ministra de Justicia, Dolores Delgado a la que ha recomendado “oir la advertencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pide garantizar no solo la imparcialidad sino también la apariencia de imparcialidad”. Tras el contundente consejo, la consellera ha señaldo que “la persona propuesta por el gobierno es una excelente fiscal con currículum incuestionable. Ejercerá desde la independencia que siempre ha defendido con plena autonomía”. Y en clave política ha añadido que “mas allá del ruido al que hemos asistido en estos días, es el momento de mirar al futuro. Pese a las circunstancias que rodearon el nombramiento y que o voy a entrar, va a ejercer una gran labor”.

También en el ámbito nacional, ha considerado que la tipificación de los delitos de rebelión y sedición han tenido pena desproporcionada, “y no lo digo por la sentencia del ‘Procés’”. Como jurista ha explicado que son “tipos penales con difícil encaje en el marco europeo. La revisión de estos tipos penales me parece adecuada. Otra cuestión es la oportunidad del momento. Pero el parlamento es soberano”.

En el turno de preguntas y volviendo al ámbito autonómico, ha matizado una declaración anterior en la que abogaba por un buen médico aunque no tenga titulación en valenciano y ha dicho esta vez que la administración ha de usar las dos lenguas pero que “los requisitos no tienen un carácter absoluto. Hay 17.000 funcionarios que accedieron en otras condiciones y que el 70 por ciento tiene conocimiento de valenciano”

Por último, Gabriela Bravo ha abrazado el argumentario oficial respecto a la sentencia dictada ayer sobre el accidente del metro de 2006 y ha señalado que “por fin tenemos una sentencia condenatoria del metro gracias al empeño constante de la Fiscalía”, obviando que la misma Fiscalía pidió antes el archivo y que el asunto tuvo tres carpetazos judiciales.