La Generalitat podrá adquirir viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias para incorporarlas al parque público

El pleno del Consell ha aprobado este viernes un decreto ley que permite que la Generalitat y los ayuntamientos puedan comprar vivienda de protección pública a través del ejercicio del derecho de tanteo y retracto. Esta figura permitirá a la Generalitat adquirir casas procedentes de ejecuciones hipotecarias, daciones en pago o ventas extrajudiciales, e intervenir en las grandes operaciones de ventas de edificios o paquetes de más de diez viviendas.

El objetivo final es ampliar el parque público de vivienda de la Comunitat Valenciana, según ha explicado el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, quien ha calificado de “histórico” este decreto. "Va contra la especulación, a favor de que las familias puedan seguir viviendo en sus casas y en contra de que los edificios pasen a manos de los fondos buitres”.

Asegura que cuenta con el apoyo de todo el sector, incluidos los promotores inmobiliarios, y ha insistido en que por primera vez la Generalitat valenciana cuenta con las herramientas necesarias para que las casas donde vive la gente no acaben siendo propiedad de los fondos de inversión.

¿Qué permite el tanteo y retracto?

El tanteo y retracto permite que, ante la notificación de venta por parte de cualquier propietario de una vivienda protegida o incluida en las denominadas transmisiones singulares, la Generalitat o la entidad local del municipio en la que esté ubicada pueda ejercer el derecho de compra del inmueble de manera preferente.

Martínez Dalmau ha puesto el ejemplo de familias que han perdido sus casas por no poder pagar la hipoteca en su momento, y ha indicado que con este decreto se busca asegurar que la puedan recuperar antes de que pasen a manos de un fondo de inversión.

Las viviendas adquiridas con estos derechos tendrán la consideración de viviendas protegidas con carácter permanente, y se incorporarán “para siempre” al parque público. "Se asegura el cumplimiento“presente y futuro de la función social de la vivienda, y que esta calificación permanente es pionera, pues solo existe en País Vasco y Baleares, y quiere incorporarla Navarra.

El decreto ley articula también la participación de los municipios en las políticas de vivienda, ya que a partir de ahora ayuntamientos y mancomunidades podrán ampliar sus viviendas públicas gracias a la cesión que les hará la Generalitat del derecho a adquirirlas de manera preferente.