El vicepresidente de la Generalitat Valenciana recibe amenazas de los fondos buitre

El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, ha denunciado en las redes sociales ser víctima de amenazas y presiones por parte de “los poderes fácticos que defienden a los fondos de inversión” desde que el Gobierno valenciano aprobara el Decreto-ley para la ampliación de la vivienda pública.

Martínez Dalmau señala a los “‘lobbies’ de sectores económicos poco transparentes” y a “los grupos de inversión” que se muestran contrarios a la aprobación de la nueva norma el próximo día 15 en Les Corts Valencianes. “Será un día importante, pero hasta entonces las presiones no cesarán. En esa votación veremos quién está al lado de los fondos buitre y quién al lado de la gente.

Para el vicepresidente segundo del Consell, las amenazas, “tanto públicas como privadas” vienen de “quienes quieren mandar sin presentarse a unas elecciones”.

Martínez Dalmau (candidato de Unides Podem a la presidencia de la Generalitat Valenciana en las elecciones de 2019) defiende que el Decreto-ley contó con la “participación de los agentes involucrados, organizaciones sociales y empresariales, operadores jurídicos y expertos varios” y que “fue ampliamente participado y se tuvieron en cuenta todas las recomendaciones que ayudaron a mejorarlo. Siempre con diálogo”.

Según explica, la nueva norma permite a las Administraciones públicas actuar con preferencia en transmisiones de viviendas como las adquiridas mediante dación en pago, proceso judicial de ejecución hipotecaria, procedimiento de venta extrajudicial o en edificios completos de viviendas. “No solo eso; también permite ejercer el derecho de adquisición preferente a los ayuntamientos para nutrir sus viviendas públicas. La necesidad es clara: después de la pandemia, y ante la posibilidad de nuevas amenazas, hay que asegurar que nadie se quede sin techo”.

A su juicio, se trata de una norma “que pondrá freno a las grandes ventas especulativas de vivienda. Está enfocada a asegurar el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y nos coloca en la vanguardia de de las políticas progresistas mundiales”.