«Todas las reglas del juego han cambiado, estamos ante un nuevo escenario». Son las palabras del conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ayer tras participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -el primero de la era covid- en el que solicitó a la ministra, María Jesús Montero la creación de un fondo de transición para las autonomías peor financiadas.

A pesar de que Montero rechazó su petición y pidió al conseller paciencia hasta que se reforme el sistema de financiación, Soler se mostró más que satisfecho con las propuestas realizadas por la ministra. Por una parte, el mantenimiento de las entregas a cuenta en 2021 sin repercutir la caída del PIB a causa de la pandemia, «que permitirá compensar la reducción de ingresos prevista como consecuencia de la crisis económica, equivalente a 1.300 millones».

Por otra, el establecimiento de un techo de déficit «de referencia» del 2,2 por ciento. «Hay capacidad de asimetría de déficit, porque no hay límites», celebró el conseller. Este déficit se financiará por el Gobierno a través de mecanismos de liquidez, aunque la ministra se mostró confiada en que no se cumplan los escenarios «más pesimistas» y no sea necesario recurrir a su totalidad.

El conseller explicó que si el Congreso de los Diputados aprueba la propuesta de la ministra, «se pone en suspenso toda la legislación vigente».

Con respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica, la ministra indicó que este año han estado centrados «en solucionar las necesidades ocasionadas por la pandemia, pero esperamos poder retomar ese asunto a lo largo de los próximos meses». Añadió que «de aquí a finales de año» seguirán los trabajos previos a la reforma del modelo, que lleva años aparcada.

Explicó además que el Gobierno entregará a las comunidades autónomas un total de 13.400 millones de euros en una especie de fondo covid 2.

El criterio de reparto es lo que suscitó debate entre las autonomías, como ya sucedió con el primer fondo covid. Algunas de ellas defienden que se distribuya por «criterio covid» y otras por criterio de sistema de financiación. La Comunitat Valencian defiende que se utilice el primer criterio, puesto que en el segundo de los casos sale perjudicada.