El Botànic pospone la exención del valenciano para los médicos a la elaboración de un reglamento

El proyecto de Ley de la Función Pública remite al desarrollo de un reglamento posterior la exigencia del requisito lingüístico para el personal sanitario.

La regulación, según afirma el texto que todavía debe ser aprobado por Les Corts, deberá realizarse en un periodo máximo de un año y aparca hasta entonces una cuestión que ha enquistado la aprobación de esta ley.

El pleno del Parlamento valenciano debatió ayer las enmiendas de totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos y Vox que pedían su devolución al Consell. Aunque su votación no se producirá hasta hoy, el bloque del Botànic dejó bien claro su defensa a pesar de los importantes enfrentamientos que ha generado entre los socios de Gobierno.

En un borrador del texto se llegó a incluir una disposición adicional, concretamente la número cuatro, que explicitaba que de manera «excepcional», en el ámbito sanitario y de la salud, «si hay necesidad de personal y este no dispone de la competencia lingüística acreditada, primará la garantía de la debida prestación de los servicios públicos en los términos que se determine reglamentariamente».

Sin embargo, esta referencia, según apuntan desde la Conselleria de Justicia, nunca llegó a pasar del borrador. Aún así, algunos diputados desconocían que finalmente no había quedado incluida esta excepción.

El resultado es que, con la redacción actual, la exigencia del requisito lingüístico para los médicos dependerá de quien pueda más en este tira y afloja que llevan el PSPV y Compromís.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, siempre ha defendido, y así lo incluye el proyecto de ley, que la aplicación del requisito lingüístico, debe ser «proporcional» y «adecuada» a cada puesto funcionarial en virtud, por una parte, de las funciones asignadas, y por otra, de la relación que tenga el empleado público con la ciudadanía.

En el debate de ayer defendió que garantiza que los ciudadanos podrán relacionarse con la administración en el idioma que deseen, estableciendo que el valenciano sea una lengua de obligado conocimiento entre los funcionarios para «compensar el déficit que se arrastra» y hacer efectivos los derechos recogidos en el Estatut d’Autonomia.

El diputado del PP José Antonio Rovira, denunció que deja fuera a las zonas castellanoparlantes. Estas suponen más de la cuarta parte de los municipios de la Comunitat, una situación que solo se da en el territorio valenciano. Rebatía así a la diputada socialista, Rosa Peris, que defendía que en todas las comunidades con dos lenguas oficiales existe el requisito lingüístico, incluso en las que gobierna el PP.

Desde Compromís, Nathalie Torres, criticó que la oposición se centre en el valenciano cuando solo es un artículo de los 191 y reclamó al Gobierno la eliminación de la tasa de reposición de funcionarios, «heredada del Gobierno de Rajoy».

Desde Ciudadanos, Vicente Fernández, acusó al Botànic de alimentar «la bestia del nacionalismo» y denunció que la Generalitat condena a que los funcionarios estén varios años como interinos.

Por su parte, José María Llanos (Vox) lamentó que ahora se valore que un cirujano sepa hablar valenciano y les acusó de «desterrar el castellano».