Ni elección del idioma ni del centro, así explica el PP cómo afectará la ley Celaá a la educación valenciana

“El Gobierno valenciano está deseando eliminar el castellano de los colegios”

La portavoz de Educación en Les Corts, Beatriz Gascó, junto al senador popular Pablo RuzLa RazónLa Razón

La Lomloe, rebautizada como ley Celaá por el apellido de la ministra de Educación, se aprobará el jueves en el Congreso. El texto tiene artículos “claramente inconstitucionales" y el PSOE, afirma el senador ilicitano Pablo Ruz, lo admite en privado.

La educación concertada inició la pasada semana movilizaciones en toda la Comunitat Valenciana en contra del texto normativo porque aseguran que no se han escuchado sus demandas. Sin embargo, el PPCV va más allá. Insiste en que no afectará solo a las familias que llevan a sus hijos a la concertada, sino que limitará la elección de centro y también de idioma con carácter general.

La portavoz de Educación del PP, Beatriz Gascó, asegura que la ley resta libertad en la elección de centro y que será un funcionario quien asigne el centro a un escolar. Recuerda además que se elimina el concepto de “demanda social”, por lo que los colegios concertados solo podrán admitir alumnos si no hay plazas en los centros públicos disponibles.

Insiste además en que en la Comunitat Valenciana la Lomloe permitirá modificar la ley del Plurlingüismo para reducir todavía más el porcentaje de castellano que se estudia en los colegios. “No obligará a que haya ni un 25 por ciento de castellano. Si dejamos que la comunidad autónoma regule el currículum, con Compromís en la cartera de Educación, se disparará la radicalidad en los contenidos y se eliminará el castellano como lengua vehicular".

Gascó apunta también a que la ley se ha tramitado sin trasparencia, en pleno estado de alarma, se ha discutido a puerta cerrada y sin que hayan podido hablar expertos en educación. “No se ha escuchado a nadie”.

¿Por qué podría ser inconstitucional?

El portavoz de Educación en el Senado, Pablo Ruz, ha asegurado que hay seis artículos “flagrantemente inconstitucionales”, y ha puesto como ejemplo aspectos referidos al uso del castellano o la eliminación del concepto de “demanda social” a la hora de elegir centros, motivos por los que el PP recurrirá la ley al Tribunal Constitucional.

El senador ha planteado que incluso esta ley podría afectar a los fondos europeos ya que “se vinculan a la calidad democrática de las naciones” y ha indicado que el PP pondrá “en conocimiento” de las autoridades europeas aspectos de esta ley, “la más radical de toda la Unión Europea”.

También se ha referido al artículo 102 que permite que los alumnos decidan, a partir de 3ºESO, de manera asamblearia si hacen huelga y por tanto, no se les podrá amonestar si no van a clase. “Se carga la patria potestad”.

Advierte sobre las consecuencias que tendrá la disposición adicional cuarta sobre los centros de educación especial a los que condena a su desaparición durante los próximos diez años, ya que obliga a que estos alumnos se incorporen en los centros ordinarios.

La previsión del Gobierno es que esta ley esté aprobada entre febrero y marzo, por lo que sería bastante complicado que la Conselleria de Educación tuviese el tiempo suficiente para lograr adaptar mediante órdenes o decreto la nueva normativa y modificar ya las condiciones de cara al curso 2021-2022, “pero todo puede pasar”, advierte Gascó.