El ex presidente de la Diputación de Valencia tira del manual del procesado: “Por fin voy a poder defenderme”

Las defensas jurídicas de Jorge Rodríguez y sus personas de confianza han afirmado que por fin se abre la puerta para poder defenderse ante un tribunal con el convencimiento de ser “inocentes” y de haber actuado siempre dentro de la legalidad.

Así se han pronunciado después de que el juez del caso Alquería haya procesado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otros 14 cargos del PSPV y Compromís por posibles delitos de prevaricación y malversación cometidos al haber contratado irregularmente a siete altos cargos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio de 1,1 millones de euros para las arcas públicas.

Según la defensa de Rodríguez, desde el primer momento tenía claro que llegaría a juicio oral puesto que “era imposible” que el fiscal que ordenó la detención y el juez que la autorizó fueran a cerrar el caso, “sobre todo después de la operación policial antiterrorista que desplegaron”.

Dimisión como alcalde

El presidente provincial del PP de Valencia y portavoz en la Diputación, Vicente Mompó, ha exigido al alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, que deje su acta.

Rodríguez dejó el PSPV, después de que se le impidiera presentarse como candidato a la alcaldía y se presentó con su propio partido, “La Vall ens uneix”.

Mompó ha destacado que el juez confirma que el perjuicio para los valencianos por la gestión de PSPV y Compromís en la Diputación es de 1,1 millones de euros y ha lamentado la “mala imagen que transmiten estas actitudes hacia la ciudadanía”, por lo que ha pedido “contundencia” a la hora de que ninguno de los 15 procesados continúe ostentando cargos públicos.

También ha resaltado que la resolución judicial reconoce que la clasificación de Divalterra como Grupo I no es legal y que le hubiera correspondido la del Grupo II.

Ha recordado que en el pleno del pasado mes de noviembre se aprobó mantener la clasificación de Grupo I que cuestiona el juez, en este caso ya con Toni Gaspar al frente de la corporación.

El grupo popular se opuso a esta clasificación y al procedimiento de urgencia utilizando en su tramitación advirtiendo que la Intervención General del Estado tampoco validaba ese nivel para Divalterra y que ahora el juez en su auto concluye que perseguía poder colocar a un alto número de directivos contratados previamente.

En los próximos días el PP valorará con los servicios jurídicos el auto de procedimiento abreviado para establecer los próximos pasos a seguir, a la espera de que se produzca la apertura definitiva del juicio oral y el señalamiento del mismo.