Covid-19

Abren un expediente sancionador a la residencia Domus VI Alcoy tras una inspección

Por el momento se desconocen las deficiencias que han motivado la apertura del expediente

Residencia DomusVi de Alcoy
Residencia DomusVi de AlcoyLa RazónLa Razón

Una inspección llevada a cabo durante la pandemia a la residencia de ancianos Domus Vi de Alcoy (Alicante) ha derivado en un expediente sancionador, que está abierto y sigue su trámite administrativo, según ha anunciado la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

En la pandemia, la Conselleria de Igualdad ha realizado tres inspecciones a centros, una de ellas con resultado de expediente sancionador mientras que en los otros dos casos las deficiencias que se detectaron se subsanaron, por lo que se dieron por cerradas.

En el caso de la inspección a Domus Vi, se ha abierto un expediente sancionador que sigue su curso, y se van a continuar realizando inspecciones.

Se desconocen por el momento las deficiencias que han motivado la apertura del expediente.

En noviembre de 2020, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas impuso una multa de 40.000 euros a la residencia Domus Vi de Alcoy (Alicante) por infracción muy grave de la ley valenciana de Servicios Sociales, al incumplir las ratios de personal médico y de técnicos en actividades socioculturales.

En este centro fallecieron en la primera ola de la pandemia de covid 73 personas, más de la mitad de los usuarios, y la Generalitat está estudiando fórmulas para recuperar su gestión, que según el Consell fue adjudicada por el exconseller Rafael Blasco por 45 años “sin concurso y sin libre concurrencia”, ya sea de manera pactada con la empresa o por lesividad de la Administración.

Oltra ha afirmado este miércoles que los servicios jurídicos de la Generalitat estudian las vías para recuperar la cesión de la gestión ya que la legislación actual establece que este tipo de concesiones no pueden prolongarse más de cuatro años.

Ha calificado de “abusivo” el plazo de 45 años adjudicado al afirmar que son “once legislaturas y dos generaciones”, y ha asegurado que debe haber maneras para revertir esa concesión.