Blasco rechaza toda responsabilidad en la contratación de servicios informáticos

El conseller descarga la responsabilidad en Tina Sanjuan, quien ha aceptado los hechos tras un pacto con el fiscal

El exconseller Rafael Blasco, y el empresario César Augusto Tauroni, en el banquillo, en una imagen de archivo
El exconseller Rafael Blasco, y el empresario César Augusto Tauroni, en el banquillo, en una imagen de archivo

El exconseller Rafael Blasco ha negado este viernes ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia que interviniese jamás ni hiciese recomendación alguna en los procesos de contratación de servicios informáticos para la Conselleria de Solidaridad.

El juicio contra el exconseller de Solidaridad y ex diputado (PP) en Les Corts Rafael Blasco por un amaño en contratos de servicios informáticos dentro del conocido como caso Cooperación se ha retomado este viernes con el reconocimiento de los hechos por parte de los otros acusados.

En su declaración, que se produce al final de la vista, tal y como había solicitado su defensa, Blasco ha insistido en que iba a “decir verdad y colaborar con la Justicia hasta esclarecer” su “nula participación en estos hechos”.

El argumento del ocho veces conseller se ha sostenido sobre la existencia de una orden suya -como conseller- en 2007 en la que delega las competencias en materia de contratación en otros órganos de la Conselleria.

Está normativizado quienes eran los responsables, yo confiaba plenamente en ella -Tina Sanjuán-, una de las mejores funcionarias que ha tenido la Generalitat. Yo no intervine nunca, para nada, en temas administrativos, jamás sugerí a Sanjuán ni a nadie nada relativo a contratación, y nadie ha dicho lo contrario en esta causa”, ha insistido.

Tanto el exjefe de servicio de Informática de la Conselleria Javier Murcia como el empresario Augusto César Tauroni y la ex secretaria general de la Conselleria Agustina Sanjuán han llegado a un acuerdo con el fiscal y han confesado sus responsabilidades.

El Ministerio Público pide dos años y ocho meses de cárcel para el exconseller Rafael Blasco por amañar entre 2008 y 2011 al menos siete contratos de servicios informáticos por un importe total de algo más de un millón de euros, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. Los posibles delitos cometidos con estos hechos son tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración.

El exjefe de servicio de informática Javier Murcia ha asumido los hechos a cambio de una pena de un año de prisión, el empresario Augusto César Tauroni se ha conformado con un año y tres meses y la ex secretaria general de la Conselleria de Cooperación Agustina Sanjuán con un año.

Con la excepción de Murcia, el resto de inculpados han sido ya condenado en otras piezas del mismo caso.

Así, el Tribunal Supremo condenó al exconseller y exdiputado del PP a seis años de cárcel en junio de 2015 por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, cometidos al haber desviado fondos de ayuda destinados a Nicaragua. También condenó al empresario Augusto Cesar Tauroni, y a la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuan, a la misma pena de seis años.

El 15 de junio de 2015 Blasco ingresó en el centro penitenciario de Picassent (Valencia); el 30 de enero de 2019 obtuvo el tercer grado penitenciario, por lo que desde entonces lleva un régimen de vida en semilibertad.

Si se produjeran nuevas condenas, este régimen de semilibertad se podría ver afectado, porque dado que ya tiene antecedentes, el cumplimiento en prisión de las nuevas condenas no podría suspenderse, según han explicado fuentes jurídicas.

Los contratos por servicios informáticos que se juzgan ahora fueron adjudicados a empresas, que luego subcontrataban con firmas vinculadas al empresario Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.

Prácticamente desde todos los departamentos que ocupó con los gobiernos de la Generalitat del PP, Blasco adjudicó contratos al empresario Augusto César Tauroni, considerado como el máximo responsable de la trama organizada en torno a las ayudas a la cooperación internacional malversadas entre 2008 y 2011.