El Gobierno valenciano pacta su octavo presupuesto en una de las peores semanas de su historia

La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas (Compromís), ha anunciado esta mañana que el Botànic II ha cerrado ya el acuerdo político de los Presupuestos de la Generalitat valenciana para 2023, que se entregarán el próximo lunes en Les Corts valencianes y serán presentados por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España. Mas ha asegurado que ha sido una negociación “fácil” y que ha facilitado una mayor cohesión del Gobierno valenciano.

A pesar de que la vicepresidenta ha insistido en que el Consell “es más fuerte que nunca”, lo cierto es que el Gobierno de Puig ha vivido esta semana uno de los momentos más complicados de su historia debido a los problemas crecientes en Compromís que derivaron el pasado martes en el cese de la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, por desavenencias con Mas.

Según ha explicado la vicepresidenta, el Gobierno tiene la responsabilidad de llegar a acuerdos “por encima de personalismos”, y eso “es ahora más fácil de lo que era el lunes o el martes”, ha dicho en referencia a antes de que Mollà fuera cesada.

Los Presupuestos de la Generalitat valenciana para 2023 serán expansivos -como es habitual- e incluirán la partida reivindicativa de los 1.336 millones de euros en concepto de compensación por la infrafinanciación autonómica, aunque no los 1.000 millones de euros añadidos el año pasado para hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia.

800 millones para Sanidad

Por otra parte, el Consell aprobó ayer reclamar al Gobierno 803,2 millones de euros por la atención sanitaria a pacientes de otras comunidades autónomas y colectivos extranjeros, una cantidad que espera recuperar a través del Fondo de Garantía Asistencial y el Fondo de Cohesión Sanitaria.

La deuda es de 658,6 millones de euros por los desplazados nacionales y 144,6 millones por la atención a personas extranjeras, informó Mas.

El Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) se creó en 2012 para resolver el desequilibrio económico que se produce en aquellas comunidades autónomas que acogen un mayor número de turistas y, en consecuencia, atienden a un mayor número de población desplazada de otras comunidades de forma temporal, como es el caso de la Comunitat Valenciana.