La Conselleria de Sanidad valenciana saca a concurso por 39 millones un servicio que ahora cuesta diez

En la actualidad, el servicios de fotocopiadores e impresoras de todos los departamentos de Salud de la Comunidad Valenciana se presta por parte de 10 empresas, de las cuales siete son pymes de la Comunidad Valenciana. Pero esta situación, previsiblemente, cambiará a raíz del acuerdo Acuerdo Marco elaborado y publicado por la Conselleria de Sanidad en el que se pretende adjudicar toda esta gestión (que afecta a 20.199 máquinas), a una sola empresa por valor de 39 millones de euros. Hasta aquí, bien. La cuestión es que el servicio en este momento cuesta a las arcas de la Generalitat valenciana solamente 10 millones de euros.

Esta es solo una de las muchas razones por las que el Grupo ERI, una de las pyme valencianas que en este momento se encarga del contrato de gestión de estos aparatos electrónicos en diez hospitales de la Comunidad (el 51 por ciento del global), impugnará el próximo lunes 12 de diciembre el concurso publicado por la Conselleria. Los responsables de la compañía señalan que su contrato por algo más de la mitad de los aparatos asciende a 4,6 millones de euros, por lo que el cien por ciento supondría unos 9 millones de euros.

Analizando caso por caso los hospitales en los que ahora presta el servicio y su empresa, el aumento del coste sería el siguiente: el Hospital General de Valencia pasará a tener un coste de 900.000 euros (en dos años) a 2.218.000, el General de Castellón de 525.000 a 1.465.000 y Clínico-Malvarrosa de 666.000 a 1.795.000 euros.

Grupo ERI denuncia, no solamente que el montante del contrato es innecesariamente elevado, suponiendo un dispendio de dinero público, sino que se han “inflado los datos” del pliego de manera artificiosa para justificar el monto del pliego, con unas exigencias de solvencia para las empresas candidatas que deja fuera a las siete compañías valencianas que en este momento se encargan de estos servicios.

En este sentido, por ejemplo, aseguran que el coste de las copias en el contrato publicado por la Conselleria, registra incrementos de entre el 23 y el 69 por ciento, mientras que se estima un volumen de copias muy por encima del que en realidad requieren y realizan los centros sanitarios.

Pero no solamente el coste es mayor, sino que las prestaciones del servicio son inferiores, aseguran desde la empresa valenciana. Por ejemplo, en el caso del servicio que ellos prestan en los diez hospitales de la Comunidad, se incluye un técnico “in situ”, que ficha junto con el resto de la plantilla del recinto y permanece en el centro por si hubiera cualquier incidencia. Este servicio no se incluye en el contrato de la Conselleria, aunque cueste diez veces más. Además, aseguran que las características técnicas de los equipos exigidas por Sanidad, son inferiores a los aparatos actuales

Desde esta compañía valenciana, que se verá obligada al cierre en caso de que pierda el servicio de prestación en los Departamentos de Salud de la Comunidad Valenciana, recuerdan que se trata del mayor contrato de este tipo en la historia de España. “Ni un Ministerio gasta tanta en fotocopiadoras e impresoras”, señalan. Denuncian además que han intentado en repetidas ocasiones ponerse en contacto con los responsables del Departamento de Sanidad, e incluso con el propio presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig (aportando copia de los mails), sin que nadie les haya recibido ni aportado una explicación ante los datos tan llamativos.

José Chaparro, gerente y propietario del Grupo ERI, explica que los motivos de la impugnación son muchos y diversos, pero destacan que, según la Ley de Contratos Públicos, la administración debe dividir al máximo posible los lotes, “no tiene sentido hacer un lote único”, así como el oscurantismo a lo largo del proceso de publicación del contrato.

Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad, explican que la publicación de este Acuerdo Marco ha seguido todo el proceso legal, sin que en ninguno de los puntos se haya producido ninguna incidencia o rectificación por parte de las entidades que revisan los contratos de este tipo, como la Abogacía de la Generalitat. Además, aseguran que los requisitos de solvencia exigidos los marca la Ley de Contratación Pública y, según estas fuentes, el contrato de la Conselleria incluye mejores prestaciones.

A partir del lunes, y tras la impugnación del concurso, se paralizará el mismo hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACrc) decida cuál de las dos partes está en lo cierto y si es necesario que el concurso se repita con otras condiciones.