La causa del "pitufeo" donde solo quedan cuatro imputados comenzará a juzgarse el 23 de enero próximo

La causa por el supuesto blanqueo de capitales en el PP de la ciudad de Valencia, también conocida como pieza A del caso Imelsa o del "pitufeo", se juzgará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia a partir del 23 de enero de 2024, aunque solo quedan cuatro personas imputadas después de que la Audiencia de Valencia archivara la causa para 50 acusados, después de cinco años de instrucción en la que la mayoría de los imputados fueron apartados del partido y se cortó su carrera política. Los cuatro imputados son el exprimer teniente de alcalde, Alfonso Grau, cabecilla de la trama ya condenado en otras causas de corrupción; la exsecretaria del grupo "popular" del Ayuntamiento de Valencia, Maricarmen García Fuster; el responsable de Valencia Convention Bureau, José Salinas; y el responsable de fundaciones municipales, Juan Eduardo Santón.

Esta fue una de las derivadas del caso Imelsa, que tuvo su germen en el verano de 2014, cuando Esquerra Unida llevó a la Fiscalía unas grabaciones efectuadas durante años por el que fue gerente de la empresa pública provincial Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent.

No fue hasta el 26 de enero de 2016 cuando las detenciones, en el marco de la operación policial Taula, evidenciaron la existencia de indicios de corrupción en una red mucho más extensa de lo sospechado inicialmente.

En los primeros años de instrucción estuvieron procesados en esta pieza medio centenar de personas entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP de Valencia, si bien en diciembre de 2021 se sobreseyó la acusación contra la práctica totalidad de ellos y también contra el PP.

La Audiencia Provincial tomó esta decisión al entender que, si bien pudiera ser ilícita la actividad "que se orquestó dentro del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, falta el enlace preciso y absolutamente necesario del conocimiento de que con este operativo se ayudaba y colaboraba en el blanqueo de capitales con la actividad delictiva previa origen del dinero".

La investigación se centra en la campaña electoral de 2015, para la que desde el grupo municipal popular se exigió a un total de 50 personas, todas ellas vinculadas, en ese momento o en el pasado, al grupo y al partido -desde la propia alcaldesa a concejales y asesores-, una aportación de 1.000 euros que les sería devuelta en mano en dos billetes de 500 euros.

Estos pagos, que se efectuaron "bajo la apariencia de aportaciones voluntarias", fueron realizados entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015, en una cuenta no fiscalizada por el Interventor municipal, y que se mantenía, deduciblemente, al margen de la contabilidad del PP.