La Comisión Europea concederá 1.591 millones a España para paliar los gastos de la reconstrucción de la dana

La Comisión Europea ha aprobado, más de once meses después de la riada del 29 de octubre, las ayudas de fondos europeos para paliar la catástrofe. Unas cifras que, a pesar de la tardanza, son cuantiosas y suponen un esfuerzo comunitario para la dana.

En total, concede 1.591 millones de euros para paliar la catástrofe, que se distribuyen entre 946 millones del Fondo de Solidaridad, el presupuesto para catástrofes de la Unión Europea, y la reprogramación de otros 645 millones de euros dentro de los fondos de la política de cohesión.

Esta petición viene tras solicitar la Generalitat al Gobierno de España, como órgano competente, que elevara la petición a Bruselas, y el Ejecutivo central cifró los gastos públicos susceptibles de financiación en 4.304 millones de euros, del total de 18.000 millones en daños.

Los 946 millones del Fondo de Solidaridad supondrían cubrir solo un 22% de lo pactado, pero es que ese montante asignado a España por la dana supone el 81% del presupuesto que tenía para 2024 ese mecanismo, de ahí que se haya elevado la cuantía reprogramando partidas de otros fondos europeos. Aun así, los 1.591 millones suponen poco más de un tercio de los 4.304 millones que pidió España.

Ese montante del Fondo de Solidaridad supone la segunda mayor cuantía desde que existe ese presupuesto creado en 2002, solo superado por los 1.200 millones de euros concedidos a Italia en 2017 tras los terremotos que asolaron el país.

El Fondo de Solidaridad cuenta con un presupuesto anual que debe repartirse entre los países miembros que sufran catástrofes naturales, por lo que España se ha llevado el mayor montante. El otro 19% ha ido a parar a Francia, quien sufrió ciclones en diciembre de 2024 y febrero de 2025 en sus territorios de ultramar de Mayotte y Reunión, ambos ubicados en el Océano Índico, al sureste de la costa africana, pegados a Madagascar.

Ahora, no quiere decir que todo ese dinero vaya a parar a la Generalitat o los ayuntamientos. El Gobierno es quien recibe esa inyección de liquidez, como hizo en abril con el anticipo de 100 millones de euros, pero fue el Ministerio de Hacienda quien decidió el reparto, con 30,8 millones para la Generalitat y 23,5 para entidades locales, a las que hizo el pago dos meses más tarde, en junio, lo que suscitó las críticas del Consell.

Ahora el dinero también tardará en llegar. Primero el Parlamento Europeo y el Consejo deben aprobar la propuesta de la Comisión Europea, un trámite que no debería de llevar problema, para después ingresarlo en las cuentas estatales y de ahí, hacer el reparto. Solo queda armarse de paciencia.