La deuda de la Comunidad Valenciana será el 55 por ciento de su PIB en los próximos diez años

Si nada lo remedia, durante los próximos diez años la deuda de la Comunitat Valenciana llegará a alcanzar el 55 por ciento de su PIB -en la actualidad es del 41,5 por ciento, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Dicha deuda supondrá una carga financiera -pago de intereses- de 1.500 millones de euros, lo cual representa el 10 por ciento de los recursos que recibe la región procedentes del sistema de financiación autonómica.

Estos datos, procedentes del último informe de Fedea, han sido expuestos esta mañana por el secretario autonómico de Hacienda de la Generalitat valenciana, Eusebio Monzó, durante su intervención en un seminario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) con las comunidades autónomas sobre los retos e implicaciones de dicho marco en el ámbito autonómico.

Monzó ha asegurado que, dadas las circunstancias y la difícil situación en la que se encuentras las autonomías peor financiadas, una condonación de deuda en este momento para las comunidades que tenemos una deuda tan alta por haber tenido unos ingresos muy inferiores ya no es suficiente, sino que también es necesario el cambio del modelo de financiación”.

Monzó ha denunciado que los “grandes desequilibrios” de los que adolece el actual sistema de financiación, unidos a la entrada en vigor del nuevo marco fiscal europeo, convierten en un asunto más urgente si cabe la reforma del actual modelo, caducado desde 2014.

Ha denunciado que en la actualidad existen diferencias en los niveles de ingreso por habitante de más de 50 puntos porcentuales y de 30 puntos porcentuales en el caso de los gastos. En ese contexto, a su juicio, pretender abordar objetivos homogéneos de estabilidad mientras persistan estas diferencias no solo es “irreal” sino que es "objetivamente injusto”.

"Desplegar una regla de gasto homogénea para todas las comunidades autónomas conduce a la conclusión de que los ciudadanos que están en una comunidad infrafinanciada, como la Comunitat Valenciana, deben resignarse a recibir los servicios de menor calidad, incluso a pesar de realizar un mayor esfuerzo fiscal”, ha reflexionado el secretario autonómico de Hacienda. Pese a ello, ha subrayado que el gasto de la Generalitat en los servicios públicos fundamentales es como el de la media de las comunidades autónomas a pesar de estar infrafinanciada.

Por ese motivo, Monzó ha recordado de nuevo la urgencia de reequilibrar la suficiencia de ingresos y gastos públicos entre administraciones, así como la de acabar con el desigual reparto territorial de los recursos autonómicos, algo que solo se solucionaría con la reforma del sistema de financiación autonómica o, al menos, con un Fondo Transitorio de Nivelación como el que proponen los expertos valencianos que integran la comisión Consell-Corts.

Esa reforma de la financiación debería realizarse con más recursos del Estado para asegurar la suficiencia del sistema, ya que el actual modelo ha generado insuficiencias acumuladas para las comunidades autónomas superiores a los 155.000 millones de euros.

Solo de esa manera, con una aportación mayor de recursos por parte del Estado, sería posible llegar a un acuerdo básico para acometer la reforma sin que ninguna comunidad pierda ingresos. Esto es, sin alterar el statu quo. “En la Comunitat Valenciana tenemos claro y entendemos que el statu quo hay que respetarlo; nos equivocaríamos si quisiéramos cambiar eso”, ha manifestado el secretario autonómico de Hacienda.

Mientras tanto, y ante la "presión” de los gastos sociales que soportan todas las comunidades autónomas, el Gobierno “debería ser consciente de que, con una aportación adicional de 3.000 millones al año y sin quitar ingresos de nadie” se podría acabar con las diferencias del actual modelo. “Es un principio básico al que nadie puede renunciar”, ha reiterado.

También ha recordado que es el Gobierno de España quien tiene la potestad de convocar la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para poner en marcha es reforma a través del presidente y de la ministra de Hacienda, respectivamente.