Empresas públicas valencianas: de los recortes del PP a la «alegría» del Botànic

La última legislatura del popular Alberto Fabra, la que marcó el fin de la era del PP antes de la llegada del primer Botànic, será recordada siempre como el periodo de mayores recortes en la Administración valenciana de la historia reciente. Más allá de lo más sonado, que sin duda fue el cierre de la radiotelevisión pública valenciana, el Gobierno de Fabra aprobó el famoso decreto de ajustes en el sector público de la Generalitat, que supuso una total reestructuración del mismo, no solo en la forma sino en el fondo.

Durante aquellos cuatro años (2011-2015), marcados por una crisis financiera internacional que obligó a todos países de la UE a ejecutar fuertes planes de ajustes bajo amenaza de ser sometidos a los controles de los «hombres de negro» y la posterior intervención, el Gobierno valenciano cerró 40 empresas y entidades de carácter público, redudiendo una enorme estructura de 82 sociedades, a 42.

Además de los cierres y fusiones, se llevaron a cabo un total de 18 ERE, con un ahorro total de 3.300 millones de euros solo en el sector público valenciano. José Manuel Vela y Juan Carlos Moragues, como consellers de Hacienda consecutivos durante aquella legisltura, y el entonces conseller de Economía, Enrique Verdeguer, fueron los responsables de ejecutar uno de los planes de ajustes más estricto y, por qué no decirlo, doloroso, de las últimas décadas.

El precio político que todos ellos pagaron fue innegable, incluso con manifestaciones en las puertas de la Conselleria de Hacienda. Los ajustes en las empresas públicas llegaron a ser tan exhaustivos, que no solo se recortó en personal, sino que se suprimieron vehículos públicos, se obligó a presentar informes de gastos en todas aquellas firmas que presentaran pérdidas, y se aprobó incluso una moratoria que impedía la creación de nuevas empresas públicas hasta nueva orden.

Fueron años oscuros para la economía internacional, que vinieron seguidos de una época de mayor tranquilidad. A partir del año 2015 la situación empezó a normalizarse y, con la llegada del Consell del Botànic, formado por PSPV y Compromís con el apoyo de Podemos, empezó de nuevo la «alegría» en la creación de empresas públicas.

Durante sus últimos cuatro años de Gobierno, del 2019 al 2022, el Consell creó doce nuevas empresas públicas -tres de ellas por la reversión de Feria Valencia, la Institución Ferial Alicantina y las ITV- y disparó el gasto en esta partida desde los 2.114 millones de euros de 2016 a los casi 4.000 en el año 2022.

Antes de ganar las elecciones, el ahora presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ya advirtió de que el sector público iba a ser uno de sus principales focos de atención a la hora de reducir el gasto público.

Para ello, anunció un plan de reestructuración que pasaba, principalmente, por agrupar las empresas en «holdings», para reducir gasto y aprovechar sinergias, una idea que, por cierto, también se aplicó durante la etapa de Fabra.

Pero cuando avanzó aquel plan, el presidente de la Generalitat no había visto todavía las cuentas de las firmas de carácter público valencianas. Ahora, meses después de llegar al Palau, no solo ha anunciado el cierre de seis de estas sociedades, sino que además, ha ordenado la realización de una auditoría de todo el sector ante el indicio de prácticas irregulares durante los últimos ocho años de Gobierno.

Durante su comparecencia del pasado martes para explicar la situación, el presidente habló de «procedimientos de contratación irregulares, falta de rigor en el manejo de controles púbicos, retribuciones a directivos colocados a dedo al margen de la ley, duplicidades de pagos a terceras personas sin control».

Denunció que solo el coste en nóminas del personal se disparó de 400 a 600 millones de euros durante la etapa del Botànic y aseguró que todos los informes de la Sindicatura de Cuentas y de la intervención ponen de manifiesto el malgasto y descontrol en el sector público, que se dedicó a gastar en aspectos de dudosa legalidad». Será la auditoría, encargada a una empresa externa, la que determine el final de la nueva historia de reestructuración de las empresas públicas valencianas.