Investigan a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante

La Guardia Civil ha investigado a 64 personas como supuestas autoras de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y, en algunos casos, también por falsedad documental y contra la Hacienda Pública, en una operación denominada Urbanitas y llevada a cabo tras detectarse construcciones presuntamente ilegales en varias partidas del término municipal de Alicante.

Durante la investigación, iniciada en octubre del año pasado a raíz de denuncias de asociaciones vecinales y particulares, así como de actuaciones de oficio del instituto armado, se han realizado más de setenta inspecciones de terrenos en las partidas alicantinas de El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent.

Los agentes comprobaron que la mayoría de las fincas afectadas "eran parcelas turísticas no urbanizables y protegidas, muchas de ellas ubicadas en zonas de ramblas, donde la normativa vigente prohíbe expresamente la división del terreno y cualquier tipo de construcción o edificación", según un comunicado de la Guardia Civil.

Las primeras diligencias permitieron detectar el 'modus operandi'. Los intermediarios actuaban entre los propietarios de terrenos sin uso y los posibles compradores. En algunos casos, adquirían los terrenos para su posterior reventa o bien mediaban en las operaciones para convencer a los compradores.

Posteriormente, dividían las fincas en pequeñas parcelas, tanto de forma documental como física, para obtener un mayor beneficio económico.

De esta forma, los compradores firmaban contratos privados de compraventa mediante los cuales adquirían un porcentaje del terreno original, sin una ubicación concreta dentro de la parcela matriz, asumiendo así las responsabilidades legales y urbanísticas derivadas de la totalidad de la propiedad original.

Como resultado de la investigación, hasta el día de hoy se ha procedido a la investigación de 39 hombres y 25 mujeres, de entre 23 y 66 años, tres de los cuales habrían actuado como intermediarios.

A todos ellos se les imputan los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y a algunos de ellos, además, los de falsedad documental, por alterar documentos relacionados con las operaciones de compraventa para engañar a la Administración Pública, y contra la Hacienda Pública, por defraudar a este organismo.

De todas las investigaciones se ha dado cuenta al Juzgado de Instrucción de Alicante. Asimismo, las posibles infracciones urbanísticas han sido puestas en conocimiento de los organismos competentes, lo que, además de sanciones económicas, podría implicar para los titulares de las viviendas ilegales la demolición de las edificaciones y el cese de los suministros de agua, energía eléctrica, gas y telefonía, entre otras medidas.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Pacprona) de Alicante, en el marco de las intervenciones que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) desarrolla para garantizar un modelo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia, según la nota de prensa.