La Audiencia de Valencia ha confirmado la imputación en la causa penal sobre la gestión de la dana de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y que se rechaza investigar en ella tanto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, como al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.

La jueza que instruye la causa penal sobre la dana ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) información sobre un punto de control del barranco del Poyo, un listado de alertas sobre el río Magro emitidas el día de la dana y la identificación de trabajadores que trabajaron esa tarde en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).

Desde la defensa de Pradas, aseguran que la Audiencia resuelve sólo respecto al auto de imputación de marzo, pero no valora ninguna diligencia de investigación de las practicadas a posteriori.

Así mismo, remarca que según avanza la instrucción, se está haciendo evidente que a la consellera le faltaba información como para achacarle personalmente «una acción omisiva u imprudente». Además, pone de relieve que el técnico al que la jueza tomó ayer testimonio, ha dejado claro que quien daba órdenes y era el enlace con Cecopi era el subdirector de Emergencias Jorge Suárez.