La jueza de la dana rechaza imputar al alcalde de Utiel como pedían las hijas de una víctima

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana en Valencia ha desestimado el recurso de reforma de la acusación particular que pedía investigar al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, y un segundo que instaba a citar como testigo perito al exsenador del PP José María Chiquillo.

En uno de los autos, dictado este lunes, la jueza inadmite el ejercicio de la acción penal contra Gabaldón por parte de las hijas de una de las fallecidas, que consideraban que el consistorio no cumplió la obligación de evacuar a su madre "que se encontraba en su domicilio, sito en Utiel, a escasos 125 metros del IES Alameda, el cual sí que fue cerrado" e igualmente "no avisó a los vecinos de la población" cuando en el municipio "llovía a cántaros".

La jueza reitera que "existe una diferencia radical entre la Administración local y la autonómica, al objeto de lanzar alertas a la población y la adopción de medidas de autoprotección" que radica en "el manejo de información, y el presumible, aunque desgraciadamente inexistente, conocimiento de las medidas a adoptar ante una situación de emergencia como elemento que permitiría tomar dichas medidas".

En este auto, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la instructora considera asimismo que el alcalde de Utiel adoptó medidas de protección de la población "que iban mucho más allá del consejo de no acercarse a las riberas y ríos emitido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y con una antelación muy superior a la del referido aviso especial: el cierre de los centros escolares".

"La atribución indiscriminada de responsabilidad penal en los fallecimientos a cualquier autoridad o funcionario público, y en especial de las locales, ha de descartarse de plano", añade, ya que considera que "lo contrario conllevaría a la investigación como presuntos responsables penales de los homicidios y lesiones imprudentes a los alcaldes de la práctica totalidad de las poblaciones donde se produjeron los hechos, lo que nos situaría fuera del derecho penal".

Señala asimismo que "tampoco puede estimarse que aquello que constituye una medida acertada", el hecho de que se cerrara el IES cercano al domicilio de la víctima, "pueda convertirse, a sensu contrario, en un elemento de prueba de la comisión de un homicidio imprudente por el alcalde de Utiel" y desestima el recurso.

En estas acusaciones, a juicio de la jueza, "no existe ocultación, disimulo, ni se personan como meros observadores, ejercitan la función encomendada por la Ley a una acusación".

En un segundo auto, la jueza desestima también el recurso de reforma de otra acusación particular contra la negativa previa a citar a declarar como testigo-perito al exsenador del PP José María Chiquillo, que participó en la ponencia de la Cámara alta sobre la Ley para la protección de las infraestructuras críticas.

Contra ambas resoluciones cabe recurso de apelación según los autos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.