La MAT de Forestalia en Castellón: David frente a Goliat

Miguel y su familia viven en la Masía de Fraiximeno, dentro del término municipal de Morella (Castellón) y a escasos metros de la localidad de Cinctorres. Se trata de la comarca de Els Ports, una espectacular zona del interior de la Comunitat Valenciana con un enorme valor paisajístico y cultural y que, por alguna razón, ha sido elegida para acoger enormes instalaciones eléctricas que la están abriendo en canal.

A 400 metros de la Masía de Fraiximeno se construyó hace 20 años una subestación para evacuar la energía generada por los parques eólicos de la zona.

A esta infraestructura podría unirse una enorme autopista de torres eléctricas si un juez o el Ministerio no lo impiden. Hace tres años empezó la pesadilla de Miguel, y la de muchos de sus convecinos, al descubrir que la empresa Forestalia, natural de Zaragoza, planificaba construir una línea MAT (Muy Alta Tensión) a 70 metros de su casa, y a 100 metros de otra valiosa e histórica vivienda, también habitada, la Masía de Adrià, en Cinctorres.

«Nos enteramos cuando ya se había publicado, la empresa nunca habló con nosotros», explica Miguel. Junto al resto de vecinos afectados de las tres localidades que atraviesa la MAT de Forestalia -Morella, Cinctorres y el Portell de Morella- crearon la asociación No a la MAT, que, de la mano de otras organizaciones, como Teruel Existe, la Fundación Quebrantahuesos o Mas de Cebrian de Puertomingalvo, han presentado el contencioso administrativo que mantiene paralizado este enorme proyecto.

Se trata de una «autopista» eléctrica formada por decenas de torres de hasta 60 metros de altura, que alimentarían a un total de 22 parques eólicos de la comunidad vecina, Aragón. Es decir, la arteria eléctrica atravesaría Castellón, pero los beneficiarios serían sus convecinos aragoneses.

Tal y como explica Troncho, Forestalia inició, de manera subrepticia y silenciosa, hace ocho años una campaña de promoción de este millonario proyecto entre los pueblos de Aragón en los que se ubicarían los parques eólicos, prometiéndoles puestos de trabajo, luz gratis y pingües beneficios económicos. De esta manera nació la asociación Viento Alto, formada por una serie de municipios aragoneses de la que, con el tiempo, se han ido descolgando algunos de ellos al tomar conciencia de que no es oro todo lo que reluce.

Este vecino asegura que Forestalia no se puso en contacto con los afectados de Castellón hasta que el asunto se judicializó. Según explica, recientemente convocaron a una reunión entre tres municipios de Viento Alto y los alcaldes de los municipios castellonenses afectados para convencerles de que quitaran el recurso presentado. Al no conseguir lo que buscaban, se les volvió a citar, esta vez con la presencia de cuatro representantes de la propia empresa y tres de los vecinos afectados en Castellón.

Un encuentro en el que el resultado fue el mismo. Lo cierto es que el tiempo vuela para Forestalia y se le acumulan los inconvenientes. Además de este recurso, el Ministerio todavía no se ha pronunciado y no le ha otrogado ni el permiso de construcción ni tampoco el de utilidad pública. Sin este último, la empresa no podrá expropiar a los vecinos sino que deberá llegar a acuerdos con ellos uno por uno.

El Ministerio debería haber adoptado la decisión el pasado 25 de enero, pero no lo hizo y pidió una prórroga de seis meses, que se cumplirá el próximo mes de julio. Según explica Troncho, Forestalia cuenta con un permiso de conexión a la subestación de Fraiximeno, que caducará en breve si el proyecto no sale adelante.

Mientras tanto, la empresa sigue adelante y lo hace, según Troncho, con estrategias de presión para demostrar a los vecinos que nada les detendrá. Sin ir más lejos, explica Miguel, la pasada semana el fondo de inversión danés CIP, que sustenta el proyecto de Forestalia con una inversión de 1.000 millones, anunció una inversión de 700 millones de euros para la construcción de las palas de los 125 aerogeneradores que formarán parte del que se considera el mayor parque eólico del mundo. «Lo hacen para asustarnos, para demostrarnos que ellos siguen adelante», dice Miguel.

Se trata de todo un caso de David frente a Goliat. Los vecinos de Castellón son personas normales que, aunque cuentan con el apoyo de los ayuntamientos afectados, se han tenido que poner al frente de esta batalla judicial, con todos los costes que ello representa. De hecho, no pudieron pedir la paralización cautelar del proceso porque el juez les pedía como fianza la mitad de la cantidad invertida en el proyecto. Veremos quien vence en esta historia.