Pobreza

El precio de la vivienda aboca a los jóvenes valencianos a recurrir a Casa Caridad

La institución benéfica alerta del incremento de personas de este colectivo que son atendidas víctimas de sueldos «por debajo de los mil euros» y el aumento de los precios

De izquierda a derecha, Luisa Fernanda Murcia y Juana Maria Enseñat, usuarias de Casa Caridad
De izquierda a derecha, Luisa Fernanda Murcia y Juana Maria Enseñat, usuarias de Casa CaridadLa Razón

La ya famosa emergencia habitacional, resultado de la falta de oferta de inmuebles y de la imposibilidad de muchas familias para poder pagar los precios que se demandan, tiene ya su reflejo en el perfil de las personas que son atendidas en Casa Caridad Valencia. Según explicó ayer el presidente de la institución, Luis Miralles, uno de los colectivos que ha incrementado su presencia en estas instalaciones es el de los jóvenes, para los que resulta imposible cubrir los gastos de vivienda y comida con sueldos «menos que mileuristas».

Miralles presentó ayer el balance de actividad de la iinstitución benéfica durante el año 2023 junto a la vicepresidenta de Casa Caridad, Elena Sánchez. Ambos alertaron de que durante los últimos cuatro años se ha duplicado el número de personas que son atendidas, bien en el servicio de comedor o en los centros de acogida con los que cuenta la institución. En concreto, durante el año pasado la cifra de personas atendidas se situó en 4.820, el 14,5 por ciento más que durante el año anterior.

«Si las cosas no vuelven a su cauce, las atenciones van a seguir incrementándose», señaló el presidente de la institución, quien destacó que España es el tercer país de la UE en riesgo de exclusión social, y dentro del país «la Comunitat Valenciana está en la cola». «Los precios no paran de crecer, y los sueldos no han aumentando al mismo ritmo», explicó. En este sentido, alertó de que «la clase media valenciana tiene cada vez menos poder adquisitivo».

En referencia a los jóvenes, Miralles recordó que muchos de ellos son inmigrantes que llegan desde sus países con un título académico que no es válido en España y cuyo proceso de compatibilización dura unos dos años, en los que apenas pueden trabajar.

Señalaron que se ha incrementado también de manera notoria el número de personas jubiladas que no pueden llegar a final de mes con sus pensiones, sobre todo si las tiene que compartir con sus hijos u otros miembros de la familia. Miralles alertó sobre que «cada vez vemos más personas normalizadas» entre los atendidos por la institución, «no sabéis lo fácil que es llegar a la situación de la calle», señaló.

Una situación, explicó, que afecta especialmente a las mujeres, que están mucho más indefensas, y sufren en muchas ocasiones agresiones sexuales en la calle. En este sentido, alertaron del preocupante aumento del número de mujeres que recurren a la institución, que se situó en 1.773 durante el año pasado, un aumento del 37 por ciento con respecto al año anterior.

Además, alertó la vicepresidenta, las previsiones apuntan a que la cifra va a seguir incrementándose ya que, solamente hasta el pasado mes de mayo, fueron atendidas más de 1.200 mujeres.

En cuanto al presupuesto de la institución, este va incrementándose al mismo ritmo que los servicios prestados, y se sitúa ya en los 6,5 millones de euros. La parte de los ingresos que procede de la Administración pública ha aumentado hasta situarse en el 44 por ciento, debido al concierto con la Conselleria para las viviendas tuteladas, lo cual ha generado un déficit del 22 por ciento, ya que no todo el servicio se puede cubrir con la subvención.

La vicepresidenta de la institución explicó que el número de socios es de 4.004, "una cifra bajísima", y señaló que "necesitamos socios, y tenemos que reflexionar para comunicar mejor".