Vuelve al juzgado la causa que procesa a una diputada del PSPV

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha decidido devolver al juzgado instructor la causa que se sigue en el «alto tribunal» valenciano contra una diputada del PSPV, al apreciar múltiples fallos en la instrucción de dicha causa.

Concretamente, la diputada autonómica es Ana Belén Juárez, aforada en Les Corts Valencianes que ha propiciado que la causa se haya visto en el Tribunal Superior de Justicia dada su condición de parlamentaria. Si bien, tras una primera vista en la que se plantearon las cuestiones previas, la causa vuelve a instrucción al apreciarse fallos en la investigación de la misma.

Sin embargo, los hechos enjuiciados atienden a su condición de concejala en el Ayuntamiento de Los Montesinos (Alicante), donde se acusa también a su alcalde, José Manuel Buitrón.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado tanto el procesamiento de la diputada como la posterior remisión de la causa nuevamente a instrucción. Junto a Ana Belén Juárez, en esta causa, que se sigue por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y contra la integridad moral a raíz de la denuncia por acoso presentada por un funcionario del Ayuntamiento de Los Montesinos, figuran también como acusados el propio alcalde, un ingeniero técnico municipal y el secretario interventor.

El denunciante era el jefe de la sección de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Montesinos en el año 2011, fecha a la que se remontan los hechos.

Según consta en el escrito de acusación del fiscal remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja en mayo de 2020 y en el que pedía la apertura de juicio oral, el denunciante denunció «en marzo de 2012 ante el Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja la existencia de graves irregularidades en la tramitación de los expedientes de disciplina urbanística por parte del consistorio» de Los Montesinos, y que por ello, los acusados «actuando con intención de menoscabar su integridad moral, procedieron a desplegar una actividad de represalia y de violencia psicológica a través de conductas de hostigamiento y de persecución». El relato del fiscal continúa narrando que el alcalde le impidió trabajar por las tardes en el Ayuntamiento «así como el acceso al archivo y la asistencia a las reuniones de la alcaldía para tratar asuntos urbanísticos propios de su negociado». Asegura asimismo que tras tener entrada en el Ayuntamiento de Los Montesinos de un oficio de la Guardia Civil requiriendo documentación «los acusados pusieron en práctica una serie de actuaciones encaminadas a apartar de su puesto de trabajo» al denunciante «consistentes en actos de persecución y hostigamiento». Además, da cuenta de que dos funcionarios del Ayuntamiento se quejaron de la actitud del denunciante que «generaba malestar» lo que propició la incoación de un expediente disciplinario y se nombró a la hoy diputada Juárez como competente para la resolución del mismo.

Por todo ello, el denunciante sufrió una crisis de ansiedad que le generó una incapacidad laboral transitoria. El escrito del fiscal, que no menciona el contenido de la denuncias presentadas ante la Guardia Civil, considera los hechos constitutivos de un delito contra la integridad moral.

Quien sí da cuenta de estas presuntas irregularidades es el escrito de la defensa del denunciante que habla de una discoteca sin licencia de apertura en una nave agrícola, la situación ilegal de varias naves de una mercantil y la existencia de 17 órdenes de demolición archivadas sin comprobación de la restauración de la legalidad.