No lo había hecho nadie antes. Ningún imperio había sentado a representantes de las colonias o provincias extra metropolitanas en una cámara de representación al mismo nivel que el resto. La Revolución francesa llegó a reconocer el fin de la esclavitud en Haití y los derechos de los esclavos y libertos, pero poco más. Gran Bretaña negó la representación a los colonos, que tenían sus asambleas representativas en cada provincia, y estos se revelaron contra la metrópoli. Tampoco lo hicieron los portugueses con Brasil, ni Holanda con sus colonias. Los españoles de 1810 consideraban que la nación la componían las personas de ambos hemisferios, y que, por tanto, debían tener representación en las Cortes.

La Junta Central, el gobierno provisional que los españoles se dieron en ausencia del Rey, publicó un decreto en 1809 convocando Cortes Generales y Extraordinarias. Otro decreto, fechado el 14 de febrero de 1810, instó a los americanos a enviar representantes a España por cada virreinato. Hasta que llegaran a la metrópoli, el decreto estableció que fueran elegidos unos suplentes. De las once circunscripciones electorales de Ultramar se hicieron elecciones en seis: los virreinatos de Nueva España y Perú, y las capitanías generales de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y Guatemala. En los virreinatos de Buenos Aires y Santa Fe, y las capitanías de Caracas y Filipinas, se hicieron elecciones parciales. En total estuvieron 86 diputados americanos en los cuatro años que duraron las Cortes; de ellos, 25 fueron eclesiásticos y 22 abogados. Las Cortes se reunieron el 24 de septiembre de 1810, y dieron comienzo los trabajos en los que a las reformas del Estado del Antiguo Régimen, los diputados americanos incorporaron sus reivindicaciones.

El segundo día de sesiones, la delegación ultramarina propuso que el decreto de instalación de las Cortes se debía enviar a América con una declaración política. Ese manifiesto debía contener a su juicio concesiones y una muestra de buena voluntad, ya que el movimiento independentista estaba extendido. De hecho, ya se habían constituido Juntas Supremas autónomas en Caracas, Santa Fe de Bogotá y Buenos Aires. Las Cortes designaron una comisión compuesta por diez diputados americanos. En su dictamen destacó la promesa de concesión de igualdad de derechos entre la España americana y la metropolitana, su integración como parte de la Monarquía en iguales condiciones, y la amnistía para los sublevados de la siguiente manera: «Olvido que convendría conceder a todos los extravíos ocurridos en las desavenencias de todos países de América».

Demandas ultramarinas

El 15 de octubre de 1810, las Cortes aprobaron un decreto que recogía las peticiones de la comisión ultramarina, sancionando que «los dominios españoles en ambos hemisferios forman una misma y sola Monarquía, una misma y sola Nación y una sola familia». Para el «olvido», la amnistía, el decreto establecía que sería posterior al fin de las pretensiones independentistas. Las demandas ultramarinas no acabaron ahí. El 16 de diciembre de 1810, los diputados americanos presentaron otra lista de demandas. Era un auténtico programa autonomista y liberal, ya que pedía la igualdad de derechos, la representación proporcional en Cortes en función a la población sumada de ambos hemisferios, la paridad en los cargos públicos, el restablecimiento de los jesuítas –disueltos por Carlos III– y la libertad de mercado, esto es, poder producir y comerciar libremente.

De esta manera, los diputados de Ultramar encontraron la vía más rápida, sencilla y pacífica de exponer sus intereses y demandas. Destacaron Larrazabal, Leyva y José Mexía, o el peruano Dionisio Inca Yupanqui, que dijo «un pueblo que oprime a otro no puede ser libre». Guridi Alcocer, de Nueva España, propuso la abolición de la esclavitud, algo que hizo entonces el español Isidoro de Antillón. Propusieron, además, programas para mejorar la situación social de los indígenas, pardos y esclavos, que estaban muy desfavorecidos en comparación con los criollos, que formaban la élite colonial.

Las propuestas liberales conformaron el programa americano: supresión de impuestos, estancos y del monopolio comercial, la mejora de los medios de transporte para articular los mercados locales, y licencias comerciales. No obstante, el movimiento independentista, bien animado por otras potencias como Gran Bretaña, que así devolvía la intervención española en la independencia de Estados Unidos, fue más rápido que las labores parlamentarias de las Cortes de Cádiz, y luego la Regencia.

Era imposible que el ansia del otro hemisferio se contuviera por decretos que eran largamente discutidos. Los diputados americanos pretendieron establecer puentes entre los independentistas y la metrópoli. Sin embargo, quisieron una descentralización autonómica que chocó con el centralismo liberal. La fidelidad a la madre-patria se convirtió en una opción política, no en un sentimiento. Los representantes ultramarinos eran un buen ejemplo de la sociedad criolla blanca, deseosa de enriquecerse, y de asumir el poder local. Esos diputados intentaron descolonizar América dentro de la unidad hispánica. No fue posible, y marcharon a la independencia.