Memoria democrática
Los «guardianes» del paisaje político
La guerra toponímica dictada por Bildu al PSOE ha arrancado con el objetivo de renombrar municipios que disgustan al izquierdismo
¿Usted vive en un pueblo con nombre facha y sigue tan tranquilo? A ver, ¿no es capaz de sentir un poco de solidaridad toponímica? ¿Es que no tiene conciencia territorial? ¿Dónde ha quedado el espíritu gentilicio? Está visto que hace falta mucha pedagogía para que la gente entienda de una vez por todas que los nombres deben ser decididos por el gobierno justiciero de turno, incluso los de pila. ¿Qué es eso de llamarse José Antonio, Francisco y Onésimo? Nada, nada. Con los nombres tan bonitos y progresistas, incluso inclusivos o ecológicos, que podemos crear para bautizar lugares y personas...
Por esa desgana en la guerra toponímica y onomástica contra el fascismo no vivimos en una auténtica democracia desde 1978. Menos mal que han llegado los filoetarras para chantajear a los socialistas y conseguir una ley que ponga las cosas en su sitio. La ley de memoria democrática dictada por Bildu al PSOE ha arrancado esta semana. El objetivo es borrar cosas y resaltar otras creando un relato y unos lugares del recuerdo adecuados a la arrogancia de la izquierda y del nacionalismo. Una legislación que en principio tenía el objetivo de resarcir económica y moralmente a las víctimas de una dictadura se ha transformado en una trituradora. Ahora toca a los municipios cuyos nombres disgustan a la sensibilidad del izquierdismo.
Es que resulta intolerable para cualquier espíritu democrático pasar con su coche eléctrico bien subvencionado por una autopista y leer: «Quintanilla de Onésimo». A todo buen progresista se le revuelve el estómago y ya no se detiene en el parador a comer con el mismo entusiasmo.
Eduardo Ranz, abogado de algunas víctimas del franquismo, ha expresado que están hartos de que haya pueblos con nombres fachas. Dicen que aún existen ocho municipios con toponímicos dedicados «a quienes hicieron vivir la peor etapa de la historia más contemporánea». He aquí la lista. Son tres de Castilla y León: Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Alcocero de Mola (Burgos) y San Leonardo de Yagüe (Soria). Dos de Extremadura: Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana, ambos en la provincia de Badajoz. Otro par está en Castilla-La Mancha, Alberche del Caudillo (Toledo) y Llanos del Caudillo (Ciudad Real). Finalmente, uno en Andalucía, Villafranco del Guadalhorce (Málaga).
¿Es democrático quitar el nombre a un pueblo en contra de su voluntad? Resulta curioso, porque los mismos que defienden el «derecho de autodeterminación» están empeñados en decir a los demás cómo tienen que nombrarse. Quizá deberían votar los habitantes de los pueblos en lugar de que sea una imposición. No sé, se me ocurre a bote pronto democrático.
Quintanilla de Onésimo se fundó hace 53 años; es decir, no existía antes de Franco. Fue un asentamiento de colonos, unos 700. La alcaldesa es Toñi Ledesma, del PP, y dice que los habitantes quieren quedarse con el nombre. Acatarán la ley, pero a regañadientes. Alcocero de Mola, a ver, progres, tiene 30 habitantes. En aquel pueblo murió el general Mola al estrellarse en el avión que le conducía a la Península. Se levantó un monolito y se sumó su nombre al del pueblo. Me temo que a las tres decenas de pobladores, que no tienen ni farmacia ni cajero en el pueblo, les importa todo esto un higo. Como si lo llaman «Alcocero de Greta Thumberg».
Hasta 10.000 euros
San Leonardo de Yagüe es un municipio donde antes ganaba el PSOE y ahora arrasa «Soria ya» con 300 votos, seguido de cerca por el PP con 270, y luego el resto. Si es que el nombre forja la sensibilidad política. Si fuera «Leonardo de la Pasionaria» ganaría el PCE o Unidas Podemos. Lo mismo pasa con el resto de pueblos: pocos habitantes y pasotismo, incluso aceptación de la ley. En fin, ¿qué se va a hacer? Porque si no se cumple cae una multa de hasta 10.000 euros, que es lo más progresista y que seguro resarcirá a las víctimas del franquismo. El abogado de la justicia histórica lo ha dejado bien claro en ese tono profético tan característico de la izquierda: «Pronto la simbología de exaltación de quienes cometieron crímenes contra la humanidad en España desaparecerá». Una vez conseguido, todos estos justicieros del Google Maps tendrán que buscar otro chollo con el que marcar su superioridad moral sobrevenida y cobrar.
Los guardianes del paisaje político existen. Escudriñan en edificios, calles y plazas buscando símbolos, como en una novela de Dan Brown. Luego los rebautizan con nombres tan cursis como «Avenida de la Memoria», en Madrid. ¿Y cuál le pondrán al Valle de los Caídos? Ojo, porque ya lo están pensando.
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