El día D para Santi Mina por abusar sexualmente de una mujer: puede entrar en prisión por aumentar riesgo de fuga

Santi Mina está citado hoy en la Audiencia Provincial de Almería donde se sabrá si ingresa en prisión provisional para cumplir la pena de cuatro años de cárcel a la que ha sido condenado en primera instancia por abusar sexualmente de una mujer en 2017 durante unas vacaciones en el municipio de Mojácar.

La celebración de la audiencia llega a petición de la acusación particular, que interesó al tribunal de la Sección Tercera que condenó a Santi Mina su ingreso en prisión a la espera de que se resuelvan los recursos contra la sentencia anunciados al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La acusación estima que la marcha de Santi Mina a Arabia Saudí para vestir la camiseta del equipo Al Shabab durante esta temporada 2022-2023 ha supuesto un “incremento desproporcionado de riesgo de fuga de la justicia”.

Cabe recordar que el RC Celta de Vigo y el Al Shabab alcanzaron el pasado 23 de agosto un acuerdo de cesión que se prolonga hasta el 30 de junio de 2023, cuando el jugador debe regresar a equipo español. Su incorporación fue inmediata. El futbolista no jugaba un partido oficial con el Celta desde que a principios del pasado mes de mayo fuera condenado, en primera instancia, a cuatro años de prisión por el delito de abuso sexual.

Apartado del equipo desde entonces, a mediados de julio Santi Mina exigió, a través de un burofax, su reincorporación a los entrenamientos del primer equipo porque la sentencia todavía no era firme, aunque el Celta le impidió jugar los partidos veraniegos. La salida de Santi Mina permitió al equipo gallego liberar masa salarial para abordar el fichaje del delantero centro que venía demandando el técnico argentino Eduardo “Chacho” Coudet.

La Audiencia Provincial de Almería ya condenó en mayo a cuatro años de prisión a Santi Mina y absolvió al también futbolista David Goldar, contra quien el Ministerio Fiscal no formuló acusación, si bien la víctima lo sentó en el banquillo al considerarlo cooperador necesario.

La sentencia impuso a Mina, quien no habría actuado con violencia o intimidación como consideró el fiscal para calificar como delito de agresión sexual, pero sí con prevalimiento, la medida de libertad vigilada por periodo de cinco años y el pago de una indemnización de 50.000 euros por los daños morales.

Además, le prohibió aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, su domicilio o cualquier otro que frecuente y de establecer con ella, por cualquier medio de comunicación directo, informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, todo ello durante 12 años.