Más déficit, el mismo paro y menos crecimiento en 2020

El Gobierno hace encaje de bolillos con las cuentas, se desdice a sí mismo y corrige sus propios números de mediados de octubre. Las ministras Calviño y Montero defienden la robustez de la economía española, pero sus previsiones delatan preocupación o, por lo menos, que el horizonte no está despejado. El Gobierno de Pedro Sánchez, en su nueva etapa de reuniones de los martes, aprobó las grandes cifras macroeconómicas que sirven de punto de partida para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2020 que, si todo va bien, se aprobarían «antes de final del verano», según María Jesús Montero, titular de Hacienda y Portavoz del Ejecutivo.

Calviño y Montero, al mal tiempo buena cara, explicaron y defendieron ayer las previsiones del Gobierno, que bajo el paragüas del objetivo de la reducción del déficit y la deuda, sin poner en peligro el empleo y el Estado del Bienestar, ocultan numerosas incógnitas. Las grandes cifras son una autoenmienda a la totalidad de las previsiones vigentes hasta ahora del Gobierno. El nuevo escenario eleva el déficit para 2020 al 1,8% del PIB, frente al anterior 1,1%, ya revisado al alza en su día, lo que supone una desviación de unos 8.800 millones. La economía crecería un 1,6%, dos décimas por debajo de lo estimado en otoño, y el paro apenas descendería –en la práctica seguiría igual–, ya que rondaría el 13,6% de la población activa, frente al 13,7% de finales de 2019. El Gobierno, además, ha dado luz verde a 127.609 millones de euros del denominado «techo de gasto no financiero», lo que supondría un 3,8% de aumento sobre una cifra homologable de 2019. En la práctica, son 4.700 millones más para gasto, que llegarían a 8.800 si se aprueba un déficit del 1,8%

Las ministras Calviño y Montero, en la presentación pública de estas cuentas, intentaron dejar claro que el Gobierno quiere estar «alineado con las reglas fiscales de la Unión Europea», que tendrá que dar a el visto bueno a estos números. Sin embargo, no todo es tan evidente. España se había comprometido a alcanzar, más o menos, el equilibrio presupuestario, algo que ahora no figura en los planes del Gobierno para toda la legislatura, ya que prevé que en 2023 el déficit todavía sea del 0.9%, y eso siempre que se hayan cumplido todas sus previsiones actuales. Todo depende, en cualquier caso, por una parte, de que Nadia Calviño logre que Bruselas –y es lo más probable– admita ser más flexible con las cuentas españolas. Por otra parte, el Gobierno necesita el apoyo expreso –el voto favorable– de ERC y quiere tenerlo garantizado antes de enviar los Presupuestos al Congreso. La ministra Montero explicó que los contactos y conversaciones para lograr ese apoyo marcarán el calendario y de sus palabras se podría deducir que sin ese respaldo explícito las cuentas ni tan siquiera llegarán al Congreso. Es decir, sin ERC no hay Presupuestos

Impuestos e incógnitas

Los números presentados por el Gobierno acumulan incógnitas. La primera es que todavía no hay datos de previsiones de ingresos, en un escenario de desaceleración económica. El gasto crece, el PIB baja, el déficit se dispara y la deuda –afirma el Gobierno– baja. Todo conduce a un alza de impuestos, que la ministra Montero no niega, aunque rechaza que se vayan a aplicar medidas fiscales con carácter retroactivo. Eso significa que, si los Presupuestos se aprueban al final del verano, aunque hay impuestos que se devengan a final de año, el aumento de ingresos en 2020, incluidos nuevos impuestos, será muy limitado. Eso supondría aumentos adicionales del déficit, que tendrían que ser compensados con más deuda, lo que impediría su reducción en los términos que prevé el cuadro macro esbozado ayer. El Gobierno, no obstante, parece fiarlo todo a tres puntos: 1) el consumo privado –familias y empresas– crecería un 1,5%, cuatro décimas más que en 2019. 2) La inversión pública (Formación Bruta de Capital Fijo) se desplomaría del 2,4 al 1,3%, y 3) La inflación, no cuantificada, unida a la subida del PIB, mejorarían la proporción de deuda pública hasta el 94.6% del PIB, más de dos puntos menos que en el ejercicio recién finalizado. Sin embargo, en términos absolutos subiría por encima de los 1,25 billones de euros. El Gobierno también prevé que, en 2023, la deuda se quede en el 89,9% del PIB, algo que contrasta con las últimas previsiones de la Unión Europea, que estiman que, en 2030, la deuda pública española todavía rondará el 95,7% del PIB.

El Gobierno quiere poner buena cara al mal tiempo, pero hay indicios reveladores. Descarta avanzar –remite al 30 de marzo– la previsión de déficit de 2019, que podría desbocarse por encima del 2,5%. No explica cómo aumentará los ingresos este año y defiende que la economía española crecerá más que la de los grandes países del Euro. Además, la ministra Montero, ante la semirebelión autonómica por el IVA no recibido, admite «rigidez» en la regla de gasto cuando las comunidades y los ayuntamientos cumplen y tienen superávit.