Los agentes de la propiedad rectifican y dicen ahora que el Gobierno no ha abierto la puerta a expropiaciones

La normativa sobre vivienda aprobada por el Ministerio de Transportes para ayudar a los colectivos más vulnerables afectados por el coronavirus sigue levantando suspicacias en el sector inmobiliario. Aunque el Gobierno asegura que en ningún caso permite la expropiación forzosa de propiedades privadas para alojar a colectivos como víctimas de violencia de género o desahuciados, algunos consideran que, como poco, deja la puerta abierta a hacerlo. Ese era el caso de los agentes de la propiedad. El Consejo General de APIS, que representa a 46 colegios de toda España y a unos 10.000 agentes, había expresado a primera hora de hoy su “profunda preocupación” por las medidas puesto que, pese a los desmentidos realizados por parte del Gobierno, tras realizar un análisis exhaustivo de la norma habían llegado a la conclusión de que “sí se abre la puerta a afectar viviendas de titularidad privada y eso sólo puede hacerse a través de procesos expropiatorios”.

Gerard Duelo, presidente del Consejo General de los APIS, había asegurado en un comunicado que la normativa “incide de forma directa en el derecho a la propiedad privada y no se describe cuál es la vinculación de la crisis sanitaria con el colectivo de destinatarios del programa de ayudas. Más bien parece que desde el Gobierno se está utilizando el estado de alarma para legislar, por medio de una norma de rango normativo inapropiado, sobre materias en las que no deberían hacerlo al afectar a un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad privada protegido en el artículo 33.1 y que llevan a dudar de la constitucionalidad de la medida”. En su opinión de partida, en la norma se apreciaba una aparente inconstitucionalidad.

Sin embargo, a media tarde, el Colegio General de APIS ha enviado otra nota en la que asegura que tras haber hablado personalmente con Francisco Javier Martin Ramiro, Director General de Vivienda y Suelo, la aclaración que han recibido “cierra la puerta a las expropiaciones que la confusa redacción del apartado 3 del artículo 4 de la mencionada orden parecía dejar entrever”.

La polémica parte de la orden ministerial aprobada el pasado sábado faculta a las comunidades autónomas a poner a disposición de los colectivos beneficiados viviendas públicas para habitarlos en régimen de alquiler de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. La controversia la ha desatada la parte final de la orden, que reza, literalmente, que "cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes”.