Un trámite burocrático puede dejar sin ayudas sociales al 95% de los autónomos

Los autónomos están siendo uno de los colectivos en los que la pandemia está impactando con mayor virulencia. Por ello, muchas de las medidas aprobadas por el Gobierno han ido dirigidas a paliar la extrema vulnerabilidad de sus negocios. Sin embargo, todo este esfuerzo se puede ir al traste por un trámite burocrático, que puede dejar sin ayudas sociales al 95% de los autónomos que intenten solicitar, por ejemplo, el rescate de 1.613 euros mensuales del plan de pensiones, la moratoria hipotecaria y el aplazamiento del pago del alquiler de su vivienda particular, la solicitud del bono social, el bono de suministro eléctrico, de gas y agua, o el aplazamiento del pago de préstamos bancarios, entre otras. El problema ha surgido cuando miles de trabajadores por cuenta propia han acudido a solicitar estas ayudas sociales a los estamentos correspondientes. Cuando los funcionarios iban a tramitar las peticiones, les han exigido que para poder acreditar su situación de vulnerabilidad tenían que presentar de forma obligatoria un certificado por cese de actividad emitido por la Agencia Tributaria, certificado que no han podido mostrar y, por tanto, sus solicitudes han sido denegadas hasta que puedan cumplimentar toda la documentación.

Según ha denunciado Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, el Gobierno y las comunidades autónomas están exigiendo “la baja censal en la Agencia Tributaria, algo que no pueden facilitar la inmensa mayoría de los autónomos porque siguen manteniendo el alta en la actividad. Por ello, les deniegan la solicitud. Esto se ha convertido en un grave problema que el Gobierno debe rectificar cuanto antes porque se está frenando que las ayudas lleguen a muchos autónomos". Entiende Amor que el simple hecho de haberle sido concedida la prestación extraordinaria por cese de actividad debería bastar para que sea reconocida su situación de vulnerabilidad y habilitar automáticamente la solicitud de estas ayudas sociales. Asimismo, ha criticado duramente que para acreditar la situación de vulnerabilidad a los autónomos se les obligue a cerrar el negocio y a certificarlo ante Hacienda, lo que según él, les impide ser beneficiarios de las ayudas por cese de actividad “porque deben continuar estando de alta en la Seguridad Social para demandarlas”.

La inseguridad jurídica generada ha llevado a esta asociación a instar al Gobierno a que impulse una mesa intersectorial -prometida por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y por el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá- porque es “necesario mantener el diálogo social con nosotros. No es de recibo que las ayudas lleguen tarde o ni siquiera lleguen por culpa de absurdos trámites burocráticos, sobre todo en la situación de extrema necesidad que muchísimos autónomos viven en estos momentos”. Amor también ha avisado de que, aunque se han flexibilizado algunas condiciones, también se ve que en las líneas ICO hay “atasco” y más de la mitad de las solicitudes “no están llegando”. De momento, ATA ya ha conseguido que el Gobierno esté reconsiderando si este requisito de cese de actividad resulta congruente con la finalidad perseguida por este tipo de ayudas sociales y si tiene sentido que se exija certificar el cese de actividad para el acceso a una ayuda social, tras el registro por parte de Ciudadanos de una pregunta en el Congreso respecto a esta situación.