El Gobierno cobra la cuota de abril a 400.000 autónomos cerrados a los que ayuda por el Covid

El Gobierno ha vuelto a cobrar la cuota correspondiente al mes de abril a cerca de 400.000 autónomos, según ha denunciado la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). “Se ha cobrado la cuota de abril a 400.000 autónomos a los que no se les devolverá ese dinero hasta dentro de 2 meses. ¡No estamos para prestar dinero! A partir de hoy cobrarán la prestación, pero ya han pagado dos cuotas que tardarán en cobrar”, ha denunciado ATA en un comunicado. “Queremos expresar nuestro apoyo a estos empresarios a los que les han dado un nuevo sablazo cobrándoles la cuota de abril a pesar de ser beneficiarios de la prestación por cese de actividad. A ellos, que a partir de hoy les ingresaran 1.000 euros, pero que habrán pagado casi 600 euros en cuotas”, remarca la asociación.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirmaron que a tres de cada cuatro autónomos beneficiarios de la prestación no se le ha cobrado la cuota porque la Tesorería de la Seguridad Social no cobra a los autónomos que ya tenían autorizada la prestación por cese de actividad a mediados de mes. Según las mismas fuentes, hay una pequeña parte de autónomos a los que se les ha reconocido la prestación pasada la mitad del mes de abril, por lo que se les ha cobrado la cuota aunque se les devolverá de oficio.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha manifestado que aunque 1,2 millones de autónomos cobrará hoy la prestación extraordinaria por cese de actividad es inadmisible que a 400.000 trabajadores por cuenta propia se les haya vuelto a cargar otro mes, esta vez en plena pandemia.

Más de un millón de autónomos han recibido el visto bueno de la Seguridad Social para cobrar hoy esta ayuda, después de que el Gobierno ya abonara un primer pago el pasado 17 de abril. En concreto, a los autónomos que ya recibieron el 17 de abril los primeros 30 días de esta ayuda (más de 919.000 personas), se les abonará este jueves lo correspondiente a 17 días (del 14 de abril al 31 de abril). Por su parte, los autónomos que quedaron fuera de este pago, por la falta de documentación o problemas informáticos, cobrarán un total de 47 días de prestación. Posteriormente, los autónomos que hayan presentado solicitudes en marzo o la primera quincena de abril recibirán el 31 de mayo lo correspondiente a 77 días.

También a finales de mayo, los trabajadores por cuenta propia que presentaron la solicitud en la segunda quincena de abril cobrarán 47 días. Según ATA, las ayudas que comenzaron el 14 de marzo finalizarán el 31 de mayo (prestación única de 77 días). Hasta el 21 de abril se resolvieron favorablemente 1.039.598 prestaciones y se han denegado 38.605, incluidas 3.685 desistidas. Por lo que, según informó la semana pasada el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la tasa de aceptación supera el 90%. Por ahora, todavía quedan 76.722 solicitudes pendientes de resolución.

Según el Ministerio, hasta el 22 de abril, la Seguridad Social había recibido más de 1,1 millones de solicitudes, lo que supone que el porcentaje de autónomos que han solicitado la prestación se sitúa en el 35,5% de los cotizantes.

El pasado 17 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el establecimiento de una prestación extraordinaria, distinta al cese de actividad ordinario, a la que pueden acogerse aquellos autónomos que hayan cerrado sus negocios por la crisis sanitaria o que hayan reducido de manera significativa su actividad. Los autónomos pueden solicitar esta nueva prestación cuando su actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior. La prestación tendrá una cuantía del 70% de la base reguladora (un mínimo de 661 euros), “aunque no se haya cumplido el periodo mínimo para acceder a la prestación por cese de actividad” y es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social que se viniera percibiendo.

La duración es de un mes, pudiéndose ampliar hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que éste se prorrogue. Además, el tiempo de su percepción se entiende como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

Esta prestación también la pueden solicitar los profesionales autónomos con trabajadores a su cargo. En este caso, pueden tramitar un ERTE y, al mismo tiempo, acceder a esta prestación extraordinaria.

Para causar derecho a esta prestación no es necesario tramitar la baja en la Seguridad Social. La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos.

Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, podrán justificar la reducción de su facturación en al menos un 75% "por cualquier medio de prueba admitido en Derecho". Toda solicitud tendrá que acompañarse de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.

El reconocimiento de la prestación podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. Las entidades gestoras, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho a la prestación, y, finalizado el estado de alarma, se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas.

En el supuesto en el que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se iniciarán los trámites para reclamar las cantidades indebidamente percibidas.

Para acceder a esta nueva prestación, la persona beneficiaria debe dirigirse a la mutua habitual con la que tengan cubiertas las contingencias profesionales, al Instituto Social de la Marina (ISM) en el caso del Régimen Especial de Trabajadores del Mar, o al SEPE en los casos en los que tengan la cobertura con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Además de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), también puede acceder a esta prestación, cumpliendo los requisitos establecidos, los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar cuyas actividades hayan quedado suspendidas con la declaración del estado de alarma.

También podrán acceder a esta prestación los autónomos inscritos en el RETA, los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar que, no cesando en su actividad, hayan visto recortada su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación en al menos un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior.

No obstante, se establecen criterios distintos para los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter estacional incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrario, así como los trabajadores de producciones pesqueras, marisqueras o de productos específicos de carácter estacional incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar: a ellos se les permitirá acceder a la prestación cuando su facturación promedio en los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida en, al menos, un 75% en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.

A los autónomos que trabajen en actividades de exhibición cinematográfica; de producción de programas de televisión; de distribución cinematográfica y vídeo; de grabación de sonido y edición musical; en artes escénicas o en sus actividades auxiliares, en la creación artística y literaria y en la gestión de salas de espectáculos, siempre que no hayan cesado su actividad, se les exigirá, para tener derecho a la prestación, que su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea reducida en al menos un 75% en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores para tener derecho a la prestación.