Las cooperativas de viviendas, en el centro del «Plan A» para la recuperación del empleo

Vivimos tiempos complejos en los que el mundo entero se ha visto sacudido por un cruel virus que está afectando a miles de millones de personas, tanto en lo referente a la salud como a una economía que se muestra malherida de la noche a la mañana. Y en este sentido, los sectores inmobiliario y de la construcción tampoco son ajenos a las consecuencias de la pandemia. Quizá por eso, las distintas administraciones públicas están trabajando con mayor intensidad de lo que venían haciendo en los últimos meses, con el fin de buscar las soluciones más adecuadas e imaginativas para que un elemento tan imprescindible como vertebrador de la sociedad como la vivienda sufra lo menos posible en el futuro más próximo. Si bien es cierto que durante la última década los poderes públicos no se han mostrado muy proactivos a la hora de afrontar los problemas que estaban teniendo lugar en el sector, en el último año –y hasta la llegada de la crisis del Covid-19– el interés de las administraciones por la situación real de la industria inmobiliaria y de la construcción se había reactivado. Un hecho que en el ámbito de los profesionales del sector se recibía como un rayo de esperanza ante la progresiva recesión anunciada y los notorios problemas de una industria que ameritaban una atención que no terminaba de llegar.

El advenimiento de pandemia del Covid-19 ha acelerado que las conversaciones por ambas partes se hayan intensificado y, desde la Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV), estamos comprobando en primera persona que la urgente necesidad para un cambio normativo y la disponibilidad de los distintos gobiernos estatal, autonómicos y locales parecen hallarse, por fin, en la misma senda.

Las cooperativas de viviendas han sido, son y serán siempre un claro elemento dinamizador del acceso a la vivienda. Una afirmación que podemos realizar sin temor a equivocarnos los gestores profesionales de las cooperativas que, tanto en las épocas de bonanza económica como en los tiempo difíciles y de crisis, hemos sido capaces de acompañar a que los proyectos cooperativos de viviendas lleguen a buen puerto. Así sucedió, como ejemplo más cercano en el tiempo, durante la crisis de 2008 y los años que la sucedieron, en los que la economía española, y especialmente la construcción, se vieron muy severamente afectadas.

Las empresas que forman parte de AGV no dejaron ningún proyecto cooperativo sin terminar y cada cooperativista obtuvo su vivienda. Incluso, se asumió la gestión de promociones que otros actores del sector no fueron capaces de llevar a cabo o de entidades financieras que acudieron a los asociados de AGV pidiendo ayuda ante la imposibilidad de cerrar proyectos firmados que suponían cientos de viviendas para familias españolas que habían depositado los ahorros de su vida en cooperativas de vivienda. Se estudiaron los casos, se asumieron y con grandes dosis de profesionalidad y el esfuerzo común, salieron adelante.

Ahora que atravesamos el más difícil y desconocido de los escenarios de las últimas décadas, en la Asociación de Gestoras de Viviendas, volvemos a ofrecernos como expertos colaboradores en una industria que conocemos bien y en la que hemos demostrado saber movernos en la bonanza y en la escasez. Por eso, en las diversas reuniones que hemos mantenido con las distintas administraciones hemos vuelto a mostrar el ánimo de colaborar a una pronta recuperación económica del sector inmobiliario y de la construcción, pilar fundamental del empleo y la riqueza, con un sustancioso impacto directo en el Producto Interior Bruto de España (PIB) y en la constante necesidad que existe entre los ciudadanos de hacerse con una vivienda digna y asequible.

De manera que en el marco de esa interlocución con los poderes públicos les estamos haciendo partícipes de algunos apuntes y propuestas concretas a través de las cuales estamos convencidos de que las cooperativas de viviendas que profesionalmente gestionamos actúan como palanca de valor en el crecimiento económico y de empleo para el país.

Los efectos económicos y sociales de la situación que estamos viviendo van a tener un reflejo inmediato y esencial en el derecho de los ciudadanos al acceso a una vivienda digna, como bien de primera necesidad, y que para su satisfacción exigirá que las diferentes administraciones replanteen las medidas y políticas que se estaban diseñando y apoyando antes de la declaración del estado de alarma, buscando fórmulas que permitan un apoyo efectivo y directo a los ciudadanos.

En este contexto, consideramos esencial el papel de las cooperativas de vivienda como figura jurídica de reconocida y de acreditada solvencia, donde las gestoras profesionales somos las genuinas garantes de llevar a buen puerto estas actuaciones enmarcadas en la economía social de nuestro país. Dicha importancia radica, principalmente, en dos notas esenciales: el carácter de autopromoción elimina el beneficio del promotor, lo que reduce considerablemente el coste final de este bien de primera necesidad, permitiendo, entre otras cosas, el acceso a una vivienda digna a sectores sociales que de otra forma estarían excluidos del mercado. Y además, es una figura de amplio contenido social, democrático y participativo, al ser los propios socios destinatarios finales de las viviendas, los que, a través de los órganos sociales legalmente establecidos, toman las decisiones sobre la promoción y controlan el desarrollo de la misma, participando en todo el proceso, rompiéndose así la unilateralidad y adhesión que existe en otras fórmulas de promoción.

En el contexto que se avecina, consideramos que las cooperativas de vivienda deben volver a convertirse en una figura esencial en el desarrollo de políticas de vivienda, ya que permiten el desarrollo de una diversidad de figuras jurídicas no especulativas en el acceso a la vivienda: accesos en propiedad, en derecho de superficie, cesiones de uso, etc. Además el modelo cooperativo viable supondrá la movilización de los ahorros –proporcionales a su situación económica–, de los cooperativistas para acceder a una vivienda, minorando la carga o presión sobre las administraciones públicas.

Las propuestas de apoyo al sector de la economía social que tenemos el orgullo de gestionar profesionalmente desde el colectivo de empresas gestoras de AGV, a través de las cooperativas de viviendas, y que suponen un 10 % de la vivienda de obra nueva en España, son, en algunos casos, competencias directas del Estado y otras a las que este puede acceder a través de diferentes instrumentos y marcar la senda, a pesar de que la legislación sobre vivienda es competencia exclusiva de las CCAA, existen mecanismos que han sido utilizados habitualmente por la Administración central para establecer determinadas pautas y condiciones en la ejecución de políticas sociales en materia de vivienda como han sido los Planes Estatales de Vivienda.

Con el objetivo de aumentar la producción de vivienda asequible y accesible a todos los ciudadanos, mediante el magnífico vehículo de las cooperativas de viviendas, aportamos para la consideración de las Administraciones los siguientes cinco puntos esenciales: la activación de los suelos residenciales en el patrimonio del Estado, la limitación en el precio del suelo, la resolución de la inviabilidad económica de las promociones inmobiliarias de vivienda protegida, un convenio de financiación entre la Administración y las entidades financieras, y la adopción de las tan necesarias medidas fiscales que favorezcan el desarrollo de actuaciones en régimen de cooperativa de vivienda.

A partir del desarrollo de las propuestas apuntadas, estamos convencidos de que tras haber sido capaces de superar con esfuerzo y experiencia todas las crisis de las últimas décadas que han tenido lugar en España, el impacto de la actual situación se vería mitigado para la industria inmobiliaria y de la construcción y de los miles de ciudadanos que necesitan acceder a una vivienda digna y asequible.