Los olvidados del ingreso mínimo vital

Miles de personas en desamparo no pueden optar a esta ayuda porque no cumplen sus requisitos: no tienen papeles, el año pasado sí tenían ingresos o son menores de 23 años que no llevan tres años independizados

Fabiola llegó desde Guatemala hace cuatro años y recaló directamente en un chalé de lujo de Puerta de Hierro (Madrid). Una amiga que prestaba allí servicio como interna debía regresar a su país y trató de convencerla para que le tomase el relevo y, de paso, probara suerte en España. A la propietaria de la vivienda le pareció buena idea y Fabiola ya pasó aquí las navidades de 2018. Dejaba en Izabal, la provincia que la vio nacer hace 43 años, tres hijos muy pequeños de un anterior matrimonio que no salió bien, pero traía toda la ilusión de un futuro prometedor. Dice que estaba a gusto en la casa, que la familia era amable con ella pero quizás el salario era algo ajustado para las horas de trabajo que desempeñaba. «Mis jornadas podían ser desde las 8:00 de la mañana a la 1:00 de la madrugada porque hacían muchas fiestas privadas y a veces debía cocinar cenas para 60 personas, recoger todo... Se me hacía muy tarde». Cada día preparaba desayuno, comida (que debía constar siempre de primero, segundo y postre) y cenas para los cinco de la familia: un matrimonio en torno a los 50 años y tres hijos veinteañeros que siempre comían en casa. «Era muchísimo trabajo», reconoce Fabiola, cuando su salario apenas alcanzaba los 900 euros sin ninguna paga extra. Tenía libre la tarde del sábado y el domingo hasta por la noche, cuando debía regresar.

En una de esas libranzas Fabiola conoció a su pareja, un vigilante de seguridad de un centro comercial de Leganés, de quien se quedó embarazada a los pocos meses. Él quiso que abortara pero ella decidió tirar para delante: «Si fui buena para hacerlo, tengo que ser buena para tenerlo», dice que pensó. El problema vino cuando lo comunicó en la casa donde trabajaba: «Ella era muy buena persona pero me dijo que no podía seguir trabajando allí». Así que Fabiola recogió sus cosas y se fue a una habitación de un piso compartido por la zona de Legazpi. «Estuve trabajando hasta el final: dejé la casa el 7 de diciembre y di a luz el 22». Allí, en aquella diminuta habitación por la que paga 370 euros al mes, vino al mundo Madison Sofía, una niña muy despierta que ya tiene año y medio. Apenas dos meses después del parto, Fabiola ya estaba trabajando otra vez en una casa. Esta vez era en la calle Claudio Coello, eran solo unas horas por la mañana y estaba mucho mejor pagada aunque no vive con ellos: 950 euros por cuidar de un matrimonio mayor de 10:00 a 14:00 horas. Ella estaba contenta porque le daba tiempo para dejar y recoger a la niña de la guardería pero llegó el decreto del estado de alarma por la pandemia del coronavirus y, de nuevo, se sintió abandonada por su jefa. «Ellos se fueron a pasar el confinamiento a una casa que tienen en Marbella. Me dijo que me fuera con ella pero yo sola, sin la niña. Evidentemente, le dije que a mi hija no podía dejarla». Y así, sin trabajo, Fabiola dejó de percibir ingresos de un día para otro. Con menos de mil euros, un alquiler y los gastos de una niña pequeña no podía tener nada ahorrado y se ha visto en situación «normal» a otra de necesidad en apenas dos meses.

El padre de la niña, del que ya no es pareja aunque llegó a reconocer al bebé cuando nació, no aporta nada (le dio 100 euros en diciembre) y ahora está tratando de conseguir la custodia para poder optar, al menos, a ayudas por madre soltera. Tampoco puede optar a la ayuda del Ingreso Mínimo Vital (IMV) recién aprobada en el Congreso porque aún no tiene su situación regularizada en España. «Me acaban de conceder el permiso de residencia por arraigo familiar pero tengo que ir a plasmar las huellas para que me den el NIE y ahora, por esto del coronavirus, está parado así que estoy esperando a ver qué puedo hacer porque ahora no puedo solicitarlo y no sé cuánto tardará». Y en este limbo, en esas interminables esperas burocráticas, se encuentran Fabiola y Madison Sofía, que no dejan de sonreirle a la vida desde su pequeña habitación de Delicias. Son algunas de las «olvidadas» por el Gobierno de coalición, personas que el año pasado no tenían este problema porque aunque vivían «al día» tenían sus necesidades básicas cubiertas, y ahora a pesar de su situación de necesidad, no pueden ni siquiera optar a las ayudas estatales por no cumplir alguno de los requisitos. Ella no es, ni mucho menos, la única en esta situación y eso es precisamente lo que denuncian desde la Asociación ABD, una entidad privada sin ánimo de lucro con distintas áreas de intervención para ayudar a personas en cualquier situación de desamparo.

Confinamiento invisible

«Nunca hacemos campañas para captación de fondos pero en esta ocasión hemos dado un paso más para no cronificar a familias como la de Fabiola», explica la responsable de ABD Madrid, Laura Piñeiro. Por eso han lanzado la campaña «Yo Sí Te Veo» con el objetivo de conseguir 60.000 euros y dar ayudas a 600 familias que están viviendo estos «confinamientos invisibles». «Lo hemos llamado así porque, mientras que nosotros ya podemos ir saliendo a la calle y retomar poco a poco nuestra normalidad, hay gente que va a seguir confinada porque no puede salir de esta situación», explica Laura.

Desde ABD denuncian que «ni la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ni las ayudas de ERTE, alquileres o pago de suministros que ya estaban en marcha impedirán que muchas familias sigan viviendo esta situación de necesidad». El dato que aportan es alarmante: el 75% de las familias que están en alguno de los programas de ABD no podrían optar al IMV porque no cumplen alguno de los requisitos y siguen, por tanto, al margen de las ayudas. Los requisitos que muchos incumplen son: ser menor de 23 años y no poder demostrar tres años viviendo de forma independiente, no cuentan con un año de residencia legal y continuada en España o personas que han perdido todos sus ingresos por la crisis de la Covid pero que el año pasado sí llegaban a los ingresos mínimos. Con estos criterios, el Gobierno deja fuera a miles de personas en riesgo de exclusión social. «Son personas que han perdido sus ingresos por esta crisis y no han accedido o no han cobrado ERTE ni entran en el IMV por cuestiones de edad o otros criterios». De un programa que hacen en ABD específico para mujeres y que es de 40 personas, se quedan fuera 34 (23 porque no llegan a la edad y 11 por residencia ilegal en España). Esas de entrada. Y de las 6 que podrían optar al IMV, no todas lo obtendrán. «Hay mucha economía sumergida, como la de empleadas de hogar, que se quedan fuera y no han podido salir a trabajar. Pero son casos que se trata de ayudas excepcionales: si damos ahora respuesta a estas situaciones, si hacemos un acompañamiento puntual, la situación de esta gente no se va a cronificar», insiste Piñeiro.

Desde ABD también señalan los problemas para tramitar las ayudas (en el caso de que puedan optar a ellas) porque la red está colapsada y requieren la ayuda de profesionales porque no cualquiera entiende qué hay que hacer. «Hay gente que no tiene ni wifi, ni teléfono, ni dinero para transporte y hacerlo de forma presencial, pero tampoco pueden esperar unos meses porque su situación es urgente», explica la responsable, que cuenta ejemplos desgarradores. «Hay gente que no está poniendo las segundas vacunas a sus hijos porque priorizan la alimentación y, en otro contexto, sí las habrían podido poner. Otras, que la ropa de invierno la están cortando para que sirva para el verano y hay hasta madres que te preguntan: ‘‘Necesito pañales y vacuna para mi bebé, ¿es mucho?‘‘. Porque no saben si están pidiendo demasiado». Todas estas realidades las han ido viendo a través de otros proyectos que ya gestionaban, como el programa de mujeres, porque abunda el perfil de mujer empleada de hogar que ahora se ha visto sin trabajo. Y así, justo antes de dar a luz y gracias a la matrona, conoció Fabiola a ABD. La ayudaron entonces y también ahora, durante el confinamiento con pañales, leche para la niña... A ella, lo que más miedo le da es perder la habitación: «Llevo tres meses sin pagar el alquiler. Yo sé que tengo que pagarlo porque he estado viviendo ahí, pero no se cuándo ni cómo, si me dejará pagarlo en partes o a ver cómo lo resolvemos».