Las ITV aún llevan más de dos millones de vehículos de retraso en la inspección

Dos meses y medio después del fin del estado de alarma todavía quedan pendientes por inspeccionar más de dos millones de vehículos que no pudieron pasar la ITV por culpa del confinamiento. Hasta este momento se ha desbloqueado el 60% del parque móvil pendiente, gracias al incremento de plantillas y horarios que las empresas concesionarias han dispuesto para hacer frente a la sobredemanda. En total se acumularon más de cinco millones de automóviles en toda España, que provocaron un tapón en los centros de inspección con listas de espera por encima de los tres meses en algunas provincias.

Son miles los usuarios que siguen denunciando que en algunas provincias el colapso se mantiene y las citas no pueden confirmarse en el mes que corresponde, por lo que a muchos usuarios se les pasa la fecha de la inspección y se ven obligados a inmovilizar sus vehículos hasta cumplir con la cita concedida. Mientras tanto, conductores y trabajadores siguen conviviendo con las aglomeraciones, las largas colas de vehículos frente a las instalaciones, prolongadas esperas y no menos enfados ante una situación que, aunque ha mejorado, sigue lejos de normalizarse, según reconocen fuentes de algunas concesionarios del sector.

Según la asociación empresarial AECA-ITV, el número de inspecciones se ha incrementado un 23%, se han ampliados los horarios de las estaciones entre un 10% y un 15%, y las plantillas de trabajadores hasta un 35%, en algunos casos. También se han reforzado “los sistemas de citas previas con más operadores, se han modificado los procesos de gestión interna y se ha activado un protocolo de seguridad para evitar la propagación del coronavirus y proteger a los usuarios y trabajadores de posibles contagios”, manifestó Guillermo Magaz, director gerente de la asociación, que ha recordado que las estaciones de las ITV comenzaron su desescalada entre el pasado 11 y 18 de mayo, y han sufrido “un panorama de colapso del servicio”, que aún se mantiene en lugares puntuales.

Hay que recordar que el Ministerio de Sanidad concedió una moratoria a los vehículos a los que les caducó la ITV durante este periodo para evitar que fueran multados -lo hizo en dos fases: 30 días, más otros 15 por cada semana que se prorrogaba el estado de alarma, y una prórroga especial para los vehículos cuya caducidad de la ITV estuviera comprendida entre el 21 de junio y el pasado 31 de agosto y no la hubiesen realizado aún-. A priori esta era una solución válida para los vehículos particulares, pero no tanto para los profesionales, ya que a efectos del cómputo de la nueva inspección se toma como referencia la fecha de validez que consta en la tarjeta ITV, por lo que no se tiene cuenta el periodo de prórroga, provocando un agravio temporal en su caso.

Por esta razón, las asociaciones de profesionales del transporte han reiterado desde entonces sus protestas al Ministerio de Industria por no haber rectificado esta normativa. El problema es que la fecha para la próxima inspección que figure en la pegatina será la del día en que debería haberse pasado la ITV si no hubiera habido estado de alarma, y no la del día en que finalmente se ha pasado, acortando su plazo de vigencia y obligando a volver a acudir a las estaciones de ITV y pagar una nueva revisión en menos tiempo del necesario. Por ello, tendrían que pasar una nueva revisión técnica en apenas tres meses. Este es el caso de los camiones –tanto ligeros como pesados– de más de 10 años de antigüedad, autobuses, taxis y ambulancias de más de cinco años desde la puesta en circulación. Todos ellos deben pasar la ITV cada seis meses.«Esta medida solo beneficia a las ITV y al Estado», criticaron estas asociaciones.

Después de que el Defensor del Pueblo les diera la razón en una resolución al respecto, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) elevó una queja a la Comisión Europea para que el Gobierno español se ajuste al reglamente europeo. La UE estableció el pasado 25 de mayo una prórroga de siete meses para las inspecciones que hubieran tenido que llevarse a cabo entre el 1 de febrero y el 31 de agosto de 2020, así como para la validez de los certificados con fechas de caducidad comprendidas en tal plazo de tiempo. El problema es que este reglamento recoge en una de sus cláusulas que los estados miembros que hubiesen adoptado medidas nacionales adecuadas para paliar esas dificultades están autorizados para decidir no aplicar la ampliación de plazos establecida, algo a lo que se agarró el Gobierno español, que aún no ha dado una solución.