De entre los muchos problemas a solventar por España en los próximos años, uno sobresale con especial importancia, el de las pensiones. Y lo hace desde hace muchos ejercicios. Tal y como está planteado en este momento, el sistema público español no resulta sostenible a largo plazo y reformarlo para que las cuentas de la Seguridad Social sigan siendo sostenibles es una necesidad que la Comisión Europea lleva años poniendo encima de la mesa del Gobierno de turno, sea socialista o conservador. El problema de España con las pensiones no atañe sólo al envejecimiento progresivo de su población, que va engordando de forma progresiva el número de perceptores de una paga pública. También tiene que ver con la cuantía cada vez mayor de las pagas que perciben. Los nuevos pensionistas cobran pagas más altas dado que la calidad de los trabajos y su remuneración han mejorado con el paso de los años. De hecho, la pensión media de jubilación se ha incrementado en los últimos ejercicios muy por encima de los precios, lo que ha permitido a este colectivo mejorar su poder adquisitivo.

En 2005, la pensión media de jubilación era de 681,58 euros mensuales, una cantidad que el pasado mes de agosto se había disparado hasta los 1.164 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones. Pero mientras que esta pensión se ha incrementado el 70,8% en los últimos quince años, los precios no han avanzado de tal manera ni de lejos. Según la información recopilada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mismo periodo de tiempo, el IPC se ha incrementado un 26,9%, con lo que el poder adquisitivo de estas pensiones se ha incrementado en 43,9 puntos porcentuales.

Nómina al alza

El incremento del número de pensionistas, unido a esta subida sin freno en la cuantía de las pagas, han llevado la nómina mensual que el Estado debe desembolsar cada mes hasta rozar los 10.000 millones de euros, una cantidad inasumible para las cuentas públicas. Por este motivo, los partidos están negociando ahora en el seno del Pacto de Toledo fórmulas para que el sistema siga siendo sostenible. Todas las formaciones parecen de acuerdo en los principios básicos que deben regir esta reforma: la revalorización de las pensiones en función del IPC, la salvaguarda de la sostenibilidad del sistema de pensiones y el reordenamiento de la financiación de la Seguridad Social para atajar el déficit estructural que padece el sistema. El problema es que no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo.

Cualquier reforme del sistema parece condenada a recortar la cuantía de estas pagas. Pero incluso aunque no se alcance un acuerdo que suponga una disminución de estas pagas, la propia dinámica generacional del mercado laboral español aboca a que las futuras pensiones vayan a ser inferiores a las actuales. La Comisión Europea prevé que, pese al aumento de población europea en los próximos años, la fuerza de trabajo se reduzca significativamente, al pasar de 333 millones a 302 millones en 2050, lo que implica una presión en todos los sistemas de pensiones. La situación es especialmente complicada en el caso de España, donde el servicio público supone un 70% del gasto. En el caso de las pensiones, el sistema español se verá afectado de especial manera, bajando las prestaciones del entorno del 80% del último sueldo (tasa de reemplazo o sustitución) a un 49,2% en 2050. Esta tasa acercará las pensiones españolas a la media europea, con un 52% de tasa de reemplazo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Países como Francia (60%), Portugal (74,4%), Alemania (38,7%) o Reino Unido (21,7%) tienen en todos los casos tasas inferiores a la media actual española.

En la actualidad, la situación es muy diferente a la que dibuja la Unión Europea. Según un reciente informe publicado por el Banco de España, el sistema de pensiones provee actualmente a cada jubilado de una media de 1,74 euros por cada euro que este aportó mientras cotizaba. Esa es la media, pero un pensionista con un alta de jubilación ordinaria puede llegar a obtener 3,86 euros por cada euro cotizado, triplicando su aportación al sistema. Se trata en este caso de solo un 5% de los jubilados, pero el dato muestra la generosidad de un sistema que se va a tornar en pocos años en la cara opuesta.