El Gobierno busca un acuerdo “exprés” para reformar las pensiones de cara a los Presupuestos

Las sombrías conclusiones del último informe del Tribunal de Cuentas sobre el sistema de la Seguridad Social han hecho saltar las alarmas entre los casi diez millones de pensionistas. El organismo advirtió de que existe un problema estructural de sostenibilidad financiera en el sistema y alertó de que, «de no llevarse a efecto una reforma urgente, la viabilidad de las pensiones estaría en serio peligro». Por ello, la Comisión del Pacto de Toledo, que reiniciará su actividad presencial en septiembre -si los rebrotes y la pandemia lo permiten-, debe marcar el camino del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad.

Los partidos parecen haber aprendido la lección de lo ocurrido hace menos de dos años, cuando de manera inesperada se rompió a última hora el preacuerdo alcanzado por los grupos por los cálculos electorales de Podemos.

Tras el fin del estado de alarma, se retomó la actividad de la mesa de negociación, que debía decidir si las consecuencias provocadas por el coronavirus determinaban plantear un nuevo escenario y un cambio de los objetivos y las recomendaciones ya realizadas en el fallido acuerdo derribado por Podemos. Tras varios encuentros, la presidenta de la Mesa, Magdalena Valerio, acordó con los portavoces de cada partido mantener las líneas generales y las 20 propuestas previas. Los partidos han estrechado los contactos en agosto para llegar con los deberes hechos a la primera semana de septiembre.

El Gobierno necesita un acuerdo «exprés» de cara a la negociación de los Presupuestos, para tener margen de maniobra si se incluye en las cuentas públicas parte de la financiación de las pensiones. Por ello, el mismo 1 de septiembre ha convocado a la mesa de portavoces, que comenzarán las audiencias públicas. Los primeros ponentes serán el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; y la presidenta de la Airef, Cristina Herrero.

Escrivá ya ha manifestado que hay que aproximar la edad efectiva de jubilación -actualmente por debajo de los 63 años- a la edad legal -que se situará en los 67 años-además de insistir en que la financiación del sistema debe acreditarse directamente de los Presupuestos y que la opción de las jubilaciones anticipadas debe restringirse al máximo. Por su parte, el gobernador del Banco de España ha pedido «ligar de forma más o menos automática» los niveles de pensión y de las edades de jubilación a las expectativas de la esperanza de vida, «vincular al máximo» el importe de la pensión con las contribuciones realizadas e «introducir fórmulas» sistémicas como la mochila austriaca. Para la Airef, el modelo público de pensiones debe tener unos requisitos claros: que el acceso a la jubilación sea más exigente; que la edad efectiva del retiro se acerque a la edad oficial y que se amplíe más allá de los 25 años el periodo de cálculo para el importe de la pensión, entre otras reformas menores.

Acuerdos y desacuerdos

Ahora mismo, y según fuentes consultadas por LA RAZÓN, existen tres puntos sobre los que hay consenso: la revalorización de las pensiones en función del IPC, salvaguardar la sostenibilidad de las pensiones y reordenar la financiación de la Seguridad Social para atajar el déficit estructural del sistema. Las diferencias están en cómo hacerlo.

Hay puntos en los que las fricciones y las posturas encontradas pueden hacer tambalear el acuerdo. El primero es el capítulo de la financiación, donde las primeras propuestas del Gobierno no han conseguido un consenso claro. Los asuntos más controvertidos se centran en cuáles son las mejores medidas para poner fin al déficit del sistema; el aumento de la edad de jubilación -programado en los 67 años en 2027-; la extensión del periodo del cálculo de las pensiones para hallar la base reguladora; el aumento de la penalización de la jubilación anticipada o la eliminación de las deducciones a los planes de pensiones. En cuanto a la extensión del cálculo de la pensión a toda la vida laboral, en el último borrador de la reforma se recogía «la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora, que culminará en 2022, y que implica un reforzamiento de la contributividad del sistema de pensiones». Algunos grupos, sobre todo de la izquierda, critican que, a la postre, esto supone una disminución de la cuantía final debido a la precariedad que se ha vivido tras dos crisis consecutivas. Para buscar una salida, se abrió la puerta a que el pensionista escoja los años cotizados que le sean más favorables, pero sus detractores no se han dado por satisfechos.

Los portavoces deben decidir también si las pensiones no contributivas deben seguir integradas en la financiación de la Seguridad Social o no -aunque el Estado tendría que hacerse cargo de ellas igualmente en sus Presupuestos-. Asimismo, se deberá negociar el factor de sostenibilidad. El Gobierno, apoyado por su socio podemita, lo quiere derogar, aunque la UE exige mantenerlo, un lío a tres bandas de difícil resolución. Sobre todo porque partidos de izquierdas y de derechas mantienen posturas enfrentadas y atrincheradas. Mediante esta herramienta, se establecería la cuantía de la pensión de los nuevos jubilados, pero, de momento, no ha podido aplicarse porque la moción de censura y posterior llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez propició que se pospusiera su entrada en vigor hasta 2023.