Los consejos deciden esta semana si siguen adelante

El mundo financiero y el político siguen pendientes de lo que vayan a decidir esta semana los consejos de administración de CaixaBank y Bankia, que se reunirán para decidir la aprobación o el rechazo de la fusión. Las cúpulas de ambas entidades tendrán ya a su disposición las auditorías previas –las conocidas como «due diligence»–, y entrarán en faena con los aspectos más técnicos de la operación, como la ecuación de canje del accionariado para ambas partes, la ubicación de la sede central, la composición del consejo de la nueva entidad o sus objetivos, entre otros aspectos.

La luz verde de la «due diligence» daría paso a una nueva reunión de los consejos de administración, que convocarían juntas extraordinarias de accionistas. Esta convocatoria debe hacerse con, al menos, un mes de antelación, por lo que en el mejor de los casos los accionistas darían su visto bueno a la operación a finales de octubre. La intención de ambas entidades es acelerar al máximo los trámites para tener ultimada su fusión antes deque finalice el año o bien en el primer trimestre de 2021.

La fusión deberá contar también con la aprobación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que pedirá al Banco Central Europeo (BCE) un informe sobre la fusión y, una vez disponga de las conclusiones del supervisor bancario, será el departamento que dirige Nadia Calviño el que tenga la última palabra sobre la operación, que también será analizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Ley de Defensa de la Competencia plantea el procedimiento de control de concentraciones en dos fases. En la primera, que durará un máximo de un mes, se analizará la operación y el consejo del organismo decidirá si la operación debe ser autorizada

–con compromisos o sin compromisos– o, si por el contrario, exige un análisis más detallado. La mayoría de operaciones de este tipo requieren de esta segunda fase. En 2016, se resolvieron 102 operaciones de concentración, de las que 96 fueron autorizadas en primera fase sin compromisos y 5 con compromisos.

Si finalmente la mayor operación bancaria de la historia financiera española es autorizada, significaría el pistoletazo de salida de una operación que dará origen a un grupo con activos por importe de 650.000 millones de euros, unas 6.600 sucursales

–4.400 la entidad de origen catalán y más de 2.200 de la entidad nacionalizada– y una plantilla conjunta superior a los 51.000 empleados –casi 35.600 CaixaBank y unos 16.000 Bankia–.