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El Gobierno socialcomunista celebra el nuevo año con subidas masivas de impuestos

Prácticamente todos los impuestos aumentan para casi toda población en plena pandemia y después de la mayor caída del PIB desde la Guerra Civil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al líder de Unidas Podemos, Pablo IglesiasJuan Carlos HidalgoEFE

2021 es un año que comienza con la esperanza de dejar atrás el desastroso 2020. La expectativa de una vacunación masiva de la población abre la puerta a normalizar nuestra vida social y también nuestras relaciones económicas. Una oportunidad para crecer y, por tanto, para compensar parte del empobrecimiento que hemos soportado durante el terrible pasado año. Sin embargo, el año arranca sin que el Gobierno contribuya a esta recuperación. No en vano, con 2021 también llegan todas son las subidas de impuestos con las que la coalición PSOE-Podemos va a castigar a la maltrecha economía española.

Primero, Tasa Google.Se trata, en realidad, de un impuesto contra la digitalización de las empresas españolas. Aunque formalmente sólo será abonado por las grandes tecnológicas que presten servicios digitales dentro de nuestro país, ya sabemos que será repercutido a los usuarios. El sobrecoste –equivalente al 3% de los ingresos– no sólo terminará siendo repercutido a los consumidores finales sino, lo que es mucho más preocupante, a las pequeñas empresas que empleen tales servicios digitales para anunciarse o para trasladar parte de su negocio a la red. En la medida en que las pymes recurran a Google, Facebook o Amazon para recibir alguna de estas prestaciones pagarán un sobreprecio que reducirá sus posibilidades de digitalización.

Segundo, Tasa Tobin. En realidad, un impuesto contra la captación de capital por parte de las grandes empresas españolas. La compraventa de sus acciones en los mercados secundarios será castigado con un impuesto del 0,2%: un tributo que, pese a parecer diminuto, desincentivará las transacciones en estos títulos y, por tanto, reducirá su negociabilidad en los mercados. El resultado es que a las grandes empresas les costará más captar capital cuando emitan acciones dentro de nuestro país. Una medida del todo improcedente en una coyuntura en la que muchas de nuestras empresas necesitan recapitalizarse.

Tercero, incremento del Impuesto sobre Sociedades por la vía de limitar al 95% la exención sobre dividendos y plusvalías en filiales, lo cual desincentivará aún más la inversión empresarial en España en unos momentos en los que hemos de retener y atraer esa inversión para recapitalizar el tejido productivo sano y para reconstruir el tejido productivo destrozado.

Cuarto, subida del IRPF a las rentas del trabajo y a las rentas del capital –a partir de 300.000 euros anuales en el caso de las rentas del trabajo y de 200.000 en el caso de las rentas del capital–. Aunque se trata de una subida impositiva que afectará a un porcentaje muy bajo de la población española –por debajo del 0,5% de los contribuyentes–, no deja de ser el porcentaje de la población que genera un mayor valor añadido, de manera que nuestra capacidad de atraer trabajo cualificado, así como de generación de ahorro e inversión nacional, se verán adicionalmente mermados.

Quinto, miscelánea de aumentos tributarios sobre las familias: impuesto a las primas de seguro, incremento al 21% del IVA de las bebidas azucaradas y nuevos impuestos sobre los envases de plástico y los residuos. Aunque en algunos casos podrían tener como objetivo internalizar externalidades negativas –como con los residuos o envases de plástico–, el propósito principal de todos ellos es esencialmente recaudatorio: castigar a los hogares a pesar del difícil año que han atravesado.

En definitiva, prácticamente todos los impuestos aumentan –aunque no todos aumentan para el conjunto de la población– después de la mayor caída del PIB desde la Guerra Civil. Una política fiscal desacertada en un momento especialmente desacertado. Si 2021 termina siendo un buen año, no lo será por la política tributaria del Ejecutivo.