Montero descarta el plan de ajuste de las cuentas públicas hasta 2022 pese al déficit del 11,3% acumulado en 2020

La hoja de ruta del Gobierno se mantiene inamovible. Sigue con su empeño de mantener la economía a través del aumento del gasto público, que sigue en niveles de récord al final de 2020. Su hoja de ruta es “seguir estimulando” el crecimiento con una “política anticíclica” para “no dejar a nadie atrás” y mantener el tejido productivo y los empleos. Eso sí, al menos ya se admite que el gasto público debe acometer una revisión “para que sea más eficiente”. Así lo ha reconocido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista en Europa Press, en la que mantiene su decisión seguir agrandando la deuda y el déficit públicos por lo menos hasta 2022, al anunciar que los Presupuestos del próximo ejercicio también serán “expansivos”, como los de este año. Montero ha asegurado que cuenta con el beneplácito de la Comisión Europea que mantiene su compromiso de mantener la suspensión de las reglas fiscales ese año.

De esta forma, el Ejecutivo ha aplazado el plan de reequilibrio presupuestario y de la cuentas públicas otro año más, en contra de las demandas realizadas públicamente por instituciones como la AIReF o el Banco de España. “Los ajustes se harán cuando las circunstancias económicas así lo aconsejen y cuando Bruselas lo plantee oficialmente”, con el fin de continuar con la senda de consolidación fiscal. “Tiempo habrá”, ha dicho la titular de Hacienda, que ha avanzado que el déficit público cerró 2020 conforme a la estimación prevista de “en torno al 11,3% del PIB”, con una caída de los ingresos públicos próxima al 7,6% como consecuencia de la pandemia.

La titular de Hacienda ha afirmado que las cifras de déficit público y caída de recaudación previstas por el Gobierno se situarán en los “entornos estimados”, si bien a lo largo del mes de enero se tendrá una aproximación más clara, una vez se cierre la contabilidad y las comunidades autónomas y entidades locales informen sobre sus finanzas públicas. Pese a que las cifras dicen otra cosa, Montero mantiene que el Gobierno “nunca” ha abandonado la senda de consolidación fiscal y ha recordado que para el año 2021 está prevista la mayor caída en términos de porcentaje de déficit registrada en un solo ejercicio, de en torno a tres puntos, pasando del 11,3% del PIB al 7,7% del PIB, tras haber sido “prudentes” en la elaboración de las cuentas públicas, algo que choca con su decisión de mantener unas cuentas “expansivas”, máxime cuando ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no repetirá los “errores” del pasado implementando políticas de recortes que “se tradujeron en desigualdad”. En esta línea, ha confirmado que los Presupuestos del ejercicio 2022 serán también “expansivos”.

El Gobierno también sigue teniendo en su punto de mira la armonización fiscal autonómica, con el ojo puesto en Madrid y en la rendición de cuentas. La portavoz del Gobierno quiere poner en marcha este mismo año la reforma del sistema de financiación autonómica, que será una “prioridad” del Gobierno, y cuyos trabajos podrían iniciarse a partir del mes de febrero, con el fin de abordar la “infrafinanciación” de algunas regiones. Y avisa: el Ejecutivo “garantizará cierta armonización” fiscal para garantizar unos recursos por habitante suficientes que permitan una buena provisión de servicios públicos”. Así, ha asegurado que el sistema será “justo” con todos los territorios, si bien ha apostillado que “nunca” un sistema de financiación puede responder en su totalidad al requerimiento de un territorio en concreto, porque iría en detrimento de otro, por lo que hay que buscar un “común denominador” para que “todos” reciban recursos adecuados y “no convertir el debate de la financiación autonómica en uno de agravios territoriales”.

Ataque contra Madrid

En ese punto, ha vuelto a la carga contra lo que ha denominado en numerosas ocasiones el supuesto dumping fiscal que ejerce la Comunidad de Madrid y ha cuestionado las “campañas interesadas de cuestionamiento” de determinadas figuras tributarias, como Sucesiones y Donaciones o Patrimonio para deteriorarlas en la percepción social “casualmente” cuando esas figuras están vinculadas a la riqueza y “curiosamente” cuando afecta a un menor volumen de ciudadanos, utilizando “falsedades” como que se paga dos veces por el mismo hecho imponible. A su juicio, España y la sociedad necesitan una “reflexión” sobre las figuras tributarias más adecuadas para gravar la riqueza, por lo que ha abogado por “legitimar aquello que permite ser más iguales” y por preservar la justicia fiscal. “No tiene sentido” que figuras como Sucesiones y Donaciones registren una diferencia “tan obvia” respecto a otros territorios.

De esta forma, el Ejecutivo pretende sentar las bases de lo que será su reforma fiscal, cuyo primeros pasos se darán una vez que el comité de expertos que ha anunciado y que designará el Gobierno para evaluar el sistema tributario y acometer dicha reforma en profundidad. En este sentido, ha adelantado que se establecerán “horquillas razonables”, pero no “idénticas ni absolutamente miméticas”, para lograr un “Estado de bienestar razonable respetando la autonomía de cada comunidad”.

En sus declaraciones a Europa Press ha sido especialmente incisiva y vehemente con las comunidades del PP -y con la comunidad que preside Díaz Ayuso especialmente, pero sin citarla- de “romper el equilibrio” al dejar “prácticamente nulas” figuras tributarias como Patrimonio o Sucesiones, lo que dejó estos tributos como algo “testimonial” y provocó una “suerte de desequilibrio en el resto de comunidades. Éstas, “con menos capacidad recaudatoria por una menor renta por habitante o por no tener sedes fiscales, se ven obligadas para tener una misma recaudación se ven obligadas a subir mucho la presión fiscal o a renunciar a un volumen de recursos para que no se vayan a otras capitales o poder fidelizar a sus habitantes”, ha añadido. En cualquier caso, ha aclarado que “no se trata de ir contra nadie” sino de “reflexionar” para alcanzar un acuerdo en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica.