El nuevo año que acaba de arrancar traerá la reforma del sistema de financiación autonómica, defendida por el Gobierno de Sánchez con el respaldo de ERC, partidaria de armonizar los impuestos cedidos para que todos los contribuyentes paguen lo mismo, con independencia de dónde vivan. Pero antes de embarcarse en esa compleja aventura es conveniente realizar una radiografía del modelo. Desde que nació el Estado de las Autonomías en los albores de la democracia, dilucidar quién aporta más a menos a los servicios públicos o quién es más o menos solidario con el prójimo en el sostén del Estado de Bienestar se ha convertido en un debate recurrente.

Para evitar suspicacias y confrontaciones entre los diferentes gobiernos autonómicos, los sucesivos Ejecutivos centrales, con independencia de su color político, han preferido perderse en los vericuetos del alambicado sistema autonómico. Así la disputa se elude, aunque la polémica subyace latente, sin dar tregua. De hecho, el Ministerio de Hacienda se comprometió en la última investidura del presidente Sánchez a publicar los datos de lo que aportan cada comunidad al sustento del Estado en concepto de IRPF, IVA e Impuestos Especiales y lo que reciben de las arcas estatales por estos tributos, cuya recaudación se cedió, en su día, parcialmente con cierta capacidad de decisión en renta y sin capacidad normativa en IVA y Especiales. Sin embargo, el año ha tocado a su fin con esta promesa incumplida. Eso sí, en la web de Hacienda están todas las cuantías colgadas, aunque encriptadas y sin descifrar. Pese a ello, según los datos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN referidos al ejercicio 2018, el último al corriente en esta cuestión, los madrileños son los contribuyentes que más aportan al Estado, más de doble que los catalanes. De cada 100 euros que reciben las arcas estatales de todas las autonomías, 50 los pagan los madrileños. Mientras, los catalanes aportan 21 euros. Sin embargo, a Madrid, al igual que a Cataluña, le devuelven tan sólo 21 euros de los 100 que regresan a las arcas de las comunidades de régimen común, todas salvo el País Vasco y Navarra.

Es decir, de los 171.056 millones de euros que aportaron al Estado en el ejercicio 2018 quince comunidades por la recaudación de la renta, IVA y Especiales, Madrid contribuyó con 84.422 millones, lo que supone, nada más y nada menos, que más de la mitad del montante total. Cataluña, por su parte, colaboró a esta cifra con 35.706 millones, convirtiéndose, así, en la segunda que más recaudó para el Estado, aunque a bastante distancia de Madrid. De estos 171.056 millones que ingresaron las comunidades para el sustento de las arcas estatales, el Estado les devolvió sólo algo más de la mitad, 90.587 millones, para financiar sus propios servicios públicos.

De esta cuantía, Madrid es la región a la que menos reembolsó, con tan sólo el 22,6%. Es decir, de cada 100 euros que abonaron ese año los madrileños al Estado, sólo 22 euros se revirtieron en sus servicios públicos. Mientras, con cada 100 euros que los catalanes contribuyeron a Hacienda, el Estado les devolvió casi 54 euros. Los residentes en la Comunidad de Madrid aportaron de media 12.711 euros para sostener toda la arquitectura pública en el ejercicio 2018. De esa cuantía, sólo 2.877 se destinaron a mejorar sus propios servicios y de los casi 10.000 millones restantes que pagaron se beneficiaron los servicios de otras autonomías y del Estado. Mientras, los catalanes abonaron dos tercios menos que los madrileños. En concreto, 4.767 euros, de los que volvieron a sus arcas la mitad, 2.565.

Estos números que maneja el Ministerio de Hacienda demuestran con una claridad cristalina que los catalanes no son, ni mucho menos, los que menos reciben, pese al mantra reiterado a lo largo de la democracia por los nacionalistas de «España nos roba» y desde hace unos años «Madrid nos roba». No obstante, los independentistas catalanes obvian esta realidad, como si no existiera. De ahí que no estén dispuestos a dar marcha atrás en su intención de impulsar, junto con la ministra de Hacienda, la armonización de los tributos cedidos para que los madrileños paguen aún más, en un intento de acabar con «los privilegios de los que gozan, simplemente por su titularidad de la capitalidad» de España, aseguran a LA RAZÓN fuentes del Ejecutivo catalán.

Solidario orgulloso

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, en declaraciones a este diario, asegura sentirse orgulloso de aportar 85.000 millones a la solidaridad interterritorial para mantener el aparato del Estado y a financiar los servicios públicos de otras autonomías. «No me canso de repetirlo. Estamos muy orgullosos de que el resto de españoles puedan aprovecharse también del dinamismo de nuestra económica. Pero no se puede consentir que tanto desde el Gobierno central como de las autonomías donde gobierna la izquierda se acuse sistemáticamente a Madrid de hacer trampas y de aprovecharse de su condición de capital. Algo que no se sostiene por ningún lado. ¿Dónde está aquí el supuesto beneficio para Madrid? El hecho de ser la capital no es nuevo. Lo somos desde el siglo XVI y no siempre hemos sido la primera economía española. Nuestra política fiscal dinamiza la actividad económica, el empleo, la inversión y genera más oportunidades para todos, tanto para los madrileños como para el resto de ciudadanos españoles, incluyendo a los que están gobernados por quienes nos critican por gestionar bien nuestros recursos», sentencia.

La que más recibe

Sin ningún género de dudas los madrileños son los que más aportan y los que menos reciben. En este ranking, le siguieron en 2018 Cantabria, que percibió el 52,8% de lo que recaudó, Cataluña, con el 53,8%, y Canarias, con el 65,5%. Por el otro extremo, es decir las que más recibieron en relación con su contribución, se colocó en primer lugar Extremadura. De cada cien euros que recaudó, el Estado, además de reponérselos íntegramente, le concedió casi otros 50 euros para poder hacer frente a la financiación de sus servicios esenciales. En segundo lugar, se situó Castilla y León, que recibió el 140,9% de lo que aportó en 2018. Le siguió, Murcia, con el 135,8%. Un poco más lejos se encontraron Castilla-La Mancha y Andalucía, que percibieron más de lo que aportaron, en concreto, el 122,4% y el 120,5%, respectivamente. Sin embargo, Andalucía fue la tercera que más contribuyó a las arcas estatales, con 11.100 millones, seguida de la Comunidad Valenciana, con 10.606 millones de euros. Pese a ello, el Estado les retornó a los valencianos 9.489 millones de euros. Es decir, por cada cien euros que pagaron los valencianos, se quedaron con casi 90 euros