El coste de nuestra deuda pública: 70.000 euros por hogar

La deuda pública española alcanzó en 2020 su récord histórico desde comienzos del siglo XX: 1,3 billones de euros que equivalen al 117% del PIB. Una cantidad monstruosa que, para traducirlo a magnitudes que todos podamos entender, equivale a casi 28.000 euros por español o a 70.000 euros por hogar. Por supuesto, muchos ciudadanos se muestran indiferentes ante estas cifras dado que no sienten que sea una deuda propia que ellos deban amortizar con su propio dinero.

Y en parte tienen razón: la deuda pública de Estados solventes no suele pagarse sino refinanciarse. Cuando tales pasivos llegan a vencimiento, los Estados efectúan nuevas emisiones de deuda con las que amortizan la deuda vencida y exigible. Pero para que ello suceda ha de darse una condición que no siempre se enfatiza lo suficiente: a saber, y como ya hemos indicado, que los Estados sean solventes. Es decir, los inversores suelen estar dispuestos a refinanciar a aquellos Estados que poseen un stock de deuda manejable. A contrario sensu, si el stock de deuda pública no es manejable los inversores pueden no estar conformes con refinanciar a tipos de interés bajos, lo cual puede hacer que la deuda sea todavía menos manejable.

Por ejemplo, si el stock de deuda se estabilizara en torno al 120% del PIB durante los próximos años, por cada punto que subieran los intereses medios, la factura total por este concepto alcanzaría los 1,2 puntos de PIB. Por tanto, unos intereses medios del 5% –bastante habituales en nuestra historia– llevarían el coste anual de los intereses al 6% del PIB… Lo mismo que nos cuesta toda la sanidad pública.

Así pues, aunque la deuda pública de países solventes no se suela pagar sino refinanciar, el riesgo de insolvencia puede conducir a los Estados a forzarles a pagarla –o a forzarles a adoptar ajustes presupuestarios que permitan exhibir ante los mercados que se cuenta con capacidad de pagarla– y es en ese momento cuándo los ciudadanos devienen conscientes de que la deuda pública no es gratis. Recordemos en este sentido cómo, en 2012, Mariano Rajoy subió brutalmente los impuestos y recortó el gasto en sanidad y educación para hacer frente a la crisis de deuda a la que se enfrentaba España. ¿Esa sobreacumulación de deuda pública careció de repercusiones sobre el bienestar de los españoles? Desde luego que no. Y en aquellos momentos apenas cargábamos con unos pasivos estatales en el entorno el 90% del PIB.

En definitiva, pese a que ahora mismo no estemos sintiendo «dolor» por el sobreendeudamiento público, está situación no será indefinida. En algún momento tendremos que reorientar las finanzas del Estado y cuanto más tardemos en hacerlo, más caro nos saldrá. La Eurozona no va a estar permanentemente detrás del Tesoro español, adquiriendo sus bonos a través del Banco Central Europeo o disculpando los incumplimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento –el cual, supuestamente, volverá a aplicarse a partir de 2022, sobre todo si la situación sanitaria se normaliza–.

¿Tienen Sánchez e Iglesias algún plan para ese momento? No. Y no sólo no lo tienen sino que, hasta entonces, siguen generando más deuda pública despreocupándose de su sostenibilidad venidera. Los gobernantes futuros –y, sobre todo, los contribuyentes futuros– serán quienes tendrán que cargar con tan pesada losa y con sus consecuencias.